Agentes de la Fiscalía General del Estado (FIGE) capturaron a cinco hombres, todos originarios del municipio de Ahualulco, que hace una semana asaltaron a un grupo de turistas y abusaron sexualmente de dos mujeres. Enfrentan cargos por violación, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y robo.
Dos parejas de jóvenes denunciaron que el pasado 9 del mes en curso viajaron a Ahualulco, a la comunidad de Santa Teresa, en busca de las cuevas de una mina.
Las víctimas se desplazaban a bordo de su vehículo y decidieron detener la marcha de la unidad para preguntar a varios hombres que se encontraban afuera de una tienda de abarrotes, donde se percataron que también se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet Silverado en color azul.
Los sujetos les señalaron el camino de terracería que los llevaría al lugar que buscaban, pero no habían avanzado mucho cuando fueron alcanzados por varios individuos que se desplazaban en la camioneta que habían visto afuera de la tienda; incluso, algunos de ellos portaban armas de fuego cortas, con las que realizaron disparos al suelo y los amenazaron para que detuvieran la marcha.
Enseguida les pidieron que descendieran del automóvil y se tiraran al piso, donde a los dos hombres los amarraron de las manos, les cubrieron el rostro y los golpearon, para finalmente despojarlos de sus pertenencias, además de las autopartes de su unidad.
Mientras que a las dos mujeres las llevaron a un lugar cercano y cometieron agresiones de índole sexual en su contra.
Con esa denuncia, los agentes investigadores de la FIGE comenzaron las indagatorias respectivas, en las que se encontraron elementos suficientes para que el Juez de Control librara la orden de aprehensión correspondiente por los delitos de violación, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y robo.
De esta forma, José Andrés “N”, de 26 años de edad; José Noé “N” de 34 años; Juan Manuel “N” de 18; José Antonio “N” de 33 años; y Francisco “N” de 20 años de edad, fueron localizados en la capital potosina e informados del mandato judicial en su contra, para después ser trasladados al reclusorio estatal, donde comenzarán su proceso legal, a fin de que se deslinden responsabilidades.
Cabe destacar que dichos sujetos también enfrentan cargos por portación de armas de fuego y droga, delitos por los cuales se encuentran en proceso legal.