El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó en nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos, “toda la información que disponga respecto al operativo “Rápido y Furioso”, que comenzó a implementarse a fines de 2009 y que involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional”, conforme el ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países.
La Nota Diplomática que se entregó a la Embajada de los Estados Unidos en México, detalla el operativo que llevó a cabo por la Agencia de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), conocido como “Rápido y Furioso”.
Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más más de 2 mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener la inteligencia de la compra venta de armas en México. Y procesar a los responsables ante la justicia.
En la Nota Diplomática y video, el canciller señala que “no obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos tanto en México como en Estados Unidos, inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas tanto mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido”.
Y enfatiza: “Tan es así, que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años. A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada”.
Refiere que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo, a través de la Embajada de EU en México, el gobierno de EU entonces, publicó una declaración del entonces secretario de Justicia, Eric Holder quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso.
A mayor abundamiento, la identificación de cada arma del operativo “Rápido y Furioso” en territorio mexicano, solo pudo hacerse con la participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió de un meticuloso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación, no se podría conocer el origen ni destino de las armas, dijo.
Sostuvo que “hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Sí en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, de parte de quienes ocuparon los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”
Sí en cambio, resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México.
Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República (FGR), nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre el 2019, ratificada el 20 de febrero de este año 2020 para varios objetivos: recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo.
Así como la relación de las armas vinculadas del mismo operativo que han sido recuperadas en México y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo de las cuales aún no se tiene registro de su operación.
Sobre este operativo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, rechazó que en su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para introducir armas a territorio nacional. Fue una operación secreta, escribió en su cuenta de Twitter, cuya implementación y resultados fueron revelados a México hasta que se hicieron públicas sus consecuencias.
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