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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que agiliza las obras prioritarias de su gobierno como el Tren Maya y Dos Bocas.
Anunció que toma nota de los hechos y recuerda al Estado mexicano que debe respetar y garantizar los derechos humanos, más aún si esos proyectos atentan contra la integridad, la salud y la vida de las personas o de los ecosistemas y la naturaleza.
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En medio de las protestas crecientes de grupos económicos, políticos y de ambientalistas que se han pronunciado en contra del avance en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, ahora la Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), anuncia que observa lo que ocurre en las denuncias que han llegado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Al conocer lo que está ocurriendo en torno a las obras prioritarias de la Cuatroté, el organismo internacional, en su V Informe anual de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó “su preocupación” por lo señalado en el Acuerdo Ejecutivo del 22 de noviembre de 2021 que expidió el Gobierno federal.
El decreto “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El informe de la CIDH recuerda que ese acuerdo presidencial tiene como objetivo adicional agilizar los trámites entre instituciones del Estado para fijar un plazo de cinco días a fin de obtener permisos o licencias necesarios para desarrollar los trabajos.
Pero “toma nota que la sociedad civil ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta declaratoria podría tener en la posibilidad de impugnar el desarrollo de estos proyectos, como también las limitaciones que podrían existir en torno al derecho de acceso a la información”.
A partir de lo que enumera el decreto presidencial, el organismo internacional “recuerda al Estado” que, en el marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, “las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos siempre deben observarse en estos contextos”.
Enfatiza que esa prioridad debe prevalecer sobre todo si se trata de “proyectos que pueden atentar la integridad, salud o vida de las personas, como también la salud de los ecosistemas o de la naturaleza”.
De forma adicional, indicó que “toma nota” de la suspensión otorgada por la Suprema Corte al decreto, la cual fue solicitada por el Inai.
El fallo que existe al respecto es que “se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”.
En su edición de ayer, El Sol de México dio a conocer que en la misma relatoría la CIDH expresó su preocupación por los elevados índices de falta de agua en México, al señalar que entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tienen acceso al servicio potable y 30 por ciento de los que sí la reciben no la obtiene con suficiencia ni calidad, por lo que el organismo estima puede haber una “crisis social sin precedentes” en el país.
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