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Entre 2019 y 2021 aumentó casi 500 por ciento el número de solicitudes de intervenciones telefónicas privadas tramitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), tras la autorización de un juez.
De acuerdo con una revisión que hizo El Sol de México en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante los primeros tres trimestres de 2019 la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero tramitó 107 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, mientras que al año siguiente fueron 301.
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Ya entre enero y septiembre de este año, la FGR tramitó 609 solicitudes, lo representa un incremento de 181 por ciento respecto a 2019 y de 469 por ciento con relación a las realizadas en el mismo periodo de 2020.
Pese al incremento de las autorizaciones para que la autoridad intervenga las comunicaciones de particulares, la Fiscalía General de la República mantiene la opacidad en cuanto al motivo para realizar este tipo de espionaje legal.
El pasado 8 de agosto, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinaron que la FGR tiene la obligación de transparentar en la Plataforma Nacional de Transparencia el “objeto de la intervención” de comunicaciones privadas en la investigación de delitos.
No obstante, en la mayoría de las mil 107 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas que publica la institución comandada por Gertz Manero –correspondientes a 2019, 2020 y 2021–, se mantiene como motivo la leyenda ambigua: “Obtención de datos necesarios para agotar las líneas de investigación”.
Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai, resaltó que las solicitudes de intervención a comunicaciones privadas es un tema relevante por la invasión y el control que se podría tener sobre una persona, por lo que el actuar de las autoridades “debe encontrarse apegado al marco legal correspondiente”.
“Resulta indispensable que las facultades de vigilancia e intervención de comunicaciones se encuentren estrictamente reguladas por estándares internacionales de derechos humanos”, anotó.
En ese sentido, el comisionado recalcó que, por ello, estas intervenciones tienen que ser llevadas a cabo “con respeto verificable a la ley, a los principios de necesidad y de proporcionalidad, de manera focalizada, no masiva, con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas”.
La intervención de comunicaciones privadas está regulada en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución, así como en los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La legislación citada establece que: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
“Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.
LA MITAD, EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
De las 609 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas realizadas de enero a septiembre de este año, más de la mitad (364) fueron formuladas por la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control, instancia adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Le sigue la Delegación de la FGR en Zacatecas, con 192 solicitudes, que coincide con la escalada de violencia que ha presentado esa entidad en las últimas semanas.
Ello orilló al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar, el 24 de noviembre, el Plan de Seguridad y Apoyo para Zacatecas, que incluye el despliegue en el estado de mil 954 elementos del Ejército y mil 644 de la Guardia Nacional, así como tres helicópteros artillados.
Luego aparece la Delegación de la FGR en Oaxaca, con 29 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas; después, la Delegación de la Fiscalía en el Estado de México, con seis; la Delegación de la FGR en Colima, con cinco, y la Delegación de ese organismo en San Luis Potosí, con tres.
Con dos solicitudes está la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional; y con una, la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGR y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la FGR.
También con una solicitud de intervención de comunicaciones privadas están las delegaciones de la Fiscalía en Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.
@RivelinoRueda
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