El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó, por mayoría, el Protocolo Homologado de Búsqueda elaborado en un proceso participativo con familiares de personas desaparecidas, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Al resaltar que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado de la República, por conducto de Gobernación, la propuesta de aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la secretaria Olga Sánchez Cordero subrayó que con ello se reconoce la lucha de años por las familias de personas desaparecidas y reiteró el compromiso del gobierno federal en relación con esta crisis.
La secretaria de Gobernación acotó que con este protocolo se da un paso más en el trabajo coordinado entre autoridades federales y locales, familias y sociedad civil, así como organizaciones internacionales.
“Fueron decenas de reuniones, observaciones escritas, así como foros regionales, un proceso único en tu tipo en el mundo. Constituirá una herramienta fundamental en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como un instrumento que garantice el derecho de toda persona a ser buscada”, expresó.
Olga Sánchez Cordero aseguró que este gobierno considera indispensable seguir con la ejecución de acciones que contribuyan a consolidar instituciones fuertes y coordinas que den respuesta a las miles de familias de personas desaparecidas.
Recordó que en México “la desaparición es una problemática que viola, vulnera de manera grave los derechos humanos de las personas, tanto de la víctima desaparecida como de su familia y la sociedad en su conjunto”.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez celebró el esfuerzo colectivo por aprobar en lo general y en lo particular el Protocolo Homologado de Búsqueda, se cierra “un primer ciclo de construcción institucional y de los instrumentos que se requieren para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de cumplir con las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el derecho humano de ser buscado”.
Encinas Rodríguez aseguró que desde el periodo de transición se generaron compromisos con las organizaciones civiles y con familiares de víctimas para que, de manera conjunta, se elaborarán las políticas públicas en materia de derechos humanos con su participación y acompañamiento.
De aquel momento a la fecha, el subsecretario señaló que se han construido instrumentos como la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la integración del Sistema Nacional de Búsqueda, además que en coordinación con la Fiscalía General de la República se enfrenta la emergencia forense.
En la sesión, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y secretaria ejecutiva del sistema, Karla Quintana Osuna, abundó sobre el proceso de construcción y fortalecimiento del protocolo homologado y lo destacó como una de las garantías del derecho de toda persona a ser buscada y que todas las autoridades deben coordinarse para realizar una búsqueda efectiva.
Puntualizó que este instrumento es el resultado de un amplio proceso participativo entre familiares de personas desaparecidas, sociedad civil, y autoridades federales y estatales, además de organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento presentado por la CNB y aprobado con 37 votos a favor fue elaborado conjuntamente con las comisiones locales, y fortalecido mediante un proceso participativo que convocó a cientos de familiares de personas desaparecidas, así como a organizaciones civiles, universidades, colectivos y organismos internacionales.
Significa uno de los instrumentos rectores de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en México, y su cumplimiento es obligatorio para las y los servidores públicos en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
También involucra a comisiones de búsqueda, instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, autoridades ministeriales (especializadas o no en la investigación de los delitos de desaparición), instituciones de asistencia social, hospitales, autoridades electorales, migratorias, del registro civil, diplomáticas, consulares y radiodifusoras, entre otras.
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