Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), presentó sus propuestas de terna para ocupar las tres fiscalías acéfalas: General de la República, Anticorrupción y Electoral; las cuales, de ganar las elecciones de 2018, podrían estar ocupadas por algunos de los miembros de su antiguo gabinete de seguridad, durante su jefatura de gobierno en el Distrito Federal.
Bernardo Bátiz Vázquez, exprocurador de Justicia en el DF, aspirará a la Fiscalía General de la República; mientras que el exsecretario de gobierno de esta entidad, José Agustín Ortiz Pinchetti, y la exconsejera Jurídica y de Servicios Legales del DF, María Estela Ríos González, competirán por la titularidad de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.
Para la Fiscalía Anticorrupción destacó la presencia de Ricardo Peralta Saucedo, quien fue postulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, para participar en la designación de este cargo en el Senado.
López Obrador señaló que las propuestas estarán sujetas a discusión del Congreso de la Unión y cuando se realice la elección, será respetuoso de la decisión final; a la vez, comentó que cada uno de los candidatos son independientes, “no les temblará la mano para hacer justicia” y no sólo tratarán de “aminorar la corrupción, sino de acabarla por completo”, sostuvo durante la presentación en el hotel Holliday Inn Dalí de la Ciudad de México.
La terna para fiscal general la integran: Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz Vázquez; la de anticorrupción: María de la Luz Mijangos Borja, Diana Álvarez Mauri y Ricardo Peralta Saucedo; y para fiscal electoral participarán: María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y José Agustín Ortiz Pinchetti.
López Obrador afirmó que en sus propuestas "hay ciudadanos honestos e independientes que harán valer el principio de que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie".
El tabasqueño adelantó que buscará reformar el artículo 108 constitucional, para que, el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción y electoral; también trabajará en mecanismos que garanticen la legitimidad de los procesos democráticos, tales como la compra del voto y fraudes electorales.
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