/ martes 12 de abril de 2022

Fabricantes de armas en EU piden desestimar demanda de México

Los fabricantes de armas estadounidenses incluidos en la demanda argumentaron que la demanda del gobierno mexicano viola la primera y la segunda enmienda

Las once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos que fueron demandadas por el Gobierno mexicano por la presunta negligencia y falta de cuidado en la manufactura, comercialización y venta de sus armas, pidieron a un juez federal desestimar la demanda de México bajo el argumento de que este litigio viola “flagrantemente la primera (y segunda) enmienda”.

Te puede interesar: Unas 250 mil armas han llegado a México de Massachusetts en una década, afirma Ebrard

Durante la audiencia que se celebró hoy en EU, diversos abogados de las empresas demandadas argumentaron su solicitud ante el juez F. Dennis Saylor, magistrado presidente de la Corte, al considerar como un argumento absurdo que se les busque culpar por delitos cometidos en otros países, pero no así dentro de territorio estadounidense.

Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra la empresa Smith & Wesson y otras diez armerías a las que acusó de presunta negligencia y falta de cuidado en su actuar, lo que asegura ha contribuido en el incremento de violencia en el país y que les ha traído cuantiosas ganancias a las empresas.

Tres meses después, el 22 de noviembre, las armerías solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.

En respuesta a este argumento, el día de hoy uno de los abogados de México aseguró que el problema es el “sistemático y repetido” tráfico de armas al país, argumento que fue cuestionado por el juez Saylor que preguntó si bajo esa lógica cualquier país podía demandar a las empresas por accidentes que ocurran dentro de sus territorios.

“Este caso no es un ataque a la primera enmienda, la industria de las armas o los valores estadounidenses. Simplemente queremos que los acusados hagan lo que el gobierno de los Estados Unidos le ha pedido: vender sus armas de manera responsable a las personas respetuosas de la ley, no a los criminales”, dijo uno de los abogados defensores de México.

Si bien durante gran parte de la audiencia el juez Saylor se mostró escéptico a los argumentos mexicanos, otro de los defensores de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la clave para entender la demanda es la evidencia que tienen varios países sobre que las armas han sido traficadas de manera ilegal a través de las fronteras y entregadas a diversos cárteles de droga.

“Todos los acusados facilitan activamente el tráfico, de manera sistemática y repetida, de sus armas hacia México”, señaló uno de los defensores del Gobierno mexicano justo antes de que el juez diera por terminada la audiencia.

En conferencia de prensa Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, explicó que lo ocurrido hoy durante la audiencia fue únicamente para que las partes pudieran presentar sus razones por las cuales consideran que se debería detener o continuar con el litigio, lo que no significa que se haya entrado a la “etapa medular del juicio”.

“Estamos muy optimistas de que nuestros argumentos legales son lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración y esperemos nos permita continuar a la siguiente etapa en este procedimiento”, dijo.

En ese sentido explicó que lo que sigue es que el juez, junto con su equipo, revise los cientos de documentos que ambas partes le hicieron llegar para su defensa, lo cual podría tardar varias semanas. Luego de eso el juez deberá elaborar su resolución escrita en la que argumentará su decisión, momento en que las partes insatisfechas podrán apelar.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de México se siente a negociar con las empresas algún acuerdo reparatorio, Celorio aseguró que “por el momento las instrucciones que tengo como coordinador de litigio es llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias, ante las instancias judiciales correspondientes, por lo pronto no contemplo cambiar esto hasta recibir instrucciones en contrario”.

Al día de hoy fiscales generales demócratas de 13 estados, junto con el Distrito de Columbia, han presentado escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

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La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde EU, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc.

Con información de Reuters

Las once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos que fueron demandadas por el Gobierno mexicano por la presunta negligencia y falta de cuidado en la manufactura, comercialización y venta de sus armas, pidieron a un juez federal desestimar la demanda de México bajo el argumento de que este litigio viola “flagrantemente la primera (y segunda) enmienda”.

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Durante la audiencia que se celebró hoy en EU, diversos abogados de las empresas demandadas argumentaron su solicitud ante el juez F. Dennis Saylor, magistrado presidente de la Corte, al considerar como un argumento absurdo que se les busque culpar por delitos cometidos en otros países, pero no así dentro de territorio estadounidense.

Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra la empresa Smith & Wesson y otras diez armerías a las que acusó de presunta negligencia y falta de cuidado en su actuar, lo que asegura ha contribuido en el incremento de violencia en el país y que les ha traído cuantiosas ganancias a las empresas.

Tres meses después, el 22 de noviembre, las armerías solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.

En respuesta a este argumento, el día de hoy uno de los abogados de México aseguró que el problema es el “sistemático y repetido” tráfico de armas al país, argumento que fue cuestionado por el juez Saylor que preguntó si bajo esa lógica cualquier país podía demandar a las empresas por accidentes que ocurran dentro de sus territorios.

“Este caso no es un ataque a la primera enmienda, la industria de las armas o los valores estadounidenses. Simplemente queremos que los acusados hagan lo que el gobierno de los Estados Unidos le ha pedido: vender sus armas de manera responsable a las personas respetuosas de la ley, no a los criminales”, dijo uno de los abogados defensores de México.

Si bien durante gran parte de la audiencia el juez Saylor se mostró escéptico a los argumentos mexicanos, otro de los defensores de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la clave para entender la demanda es la evidencia que tienen varios países sobre que las armas han sido traficadas de manera ilegal a través de las fronteras y entregadas a diversos cárteles de droga.

“Todos los acusados facilitan activamente el tráfico, de manera sistemática y repetida, de sus armas hacia México”, señaló uno de los defensores del Gobierno mexicano justo antes de que el juez diera por terminada la audiencia.

En conferencia de prensa Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, explicó que lo ocurrido hoy durante la audiencia fue únicamente para que las partes pudieran presentar sus razones por las cuales consideran que se debería detener o continuar con el litigio, lo que no significa que se haya entrado a la “etapa medular del juicio”.

“Estamos muy optimistas de que nuestros argumentos legales son lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración y esperemos nos permita continuar a la siguiente etapa en este procedimiento”, dijo.

En ese sentido explicó que lo que sigue es que el juez, junto con su equipo, revise los cientos de documentos que ambas partes le hicieron llegar para su defensa, lo cual podría tardar varias semanas. Luego de eso el juez deberá elaborar su resolución escrita en la que argumentará su decisión, momento en que las partes insatisfechas podrán apelar.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de México se siente a negociar con las empresas algún acuerdo reparatorio, Celorio aseguró que “por el momento las instrucciones que tengo como coordinador de litigio es llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias, ante las instancias judiciales correspondientes, por lo pronto no contemplo cambiar esto hasta recibir instrucciones en contrario”.

Al día de hoy fiscales generales demócratas de 13 estados, junto con el Distrito de Columbia, han presentado escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

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La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde EU, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc.

Con información de Reuters

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