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Fepade va por sanciones severas contra delitos electorales

  • Redacción El Sol de México
  • en México

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) enviará una iniciativa para endurecer las sanciones por los delitos como peculado electoral y desvío de recursos públicos.

En coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en el Código Penal Federal plantea que ambos delitos sean considerados graves y
se aplique prisión preventiva en los casos en que se realice mediante una red de corrupción.


En una entrevista con El Sol de México, Santiago Nieto Castillo, el titular de la Fepade, aseguró también que se elabora, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), un mapa de riesgos, ya que se ha detectado que en los sitios donde hay más beneficiarios de Prospera, también hay más denuncias por delitos electorales.

“Hemos detectado que a mayor incremento en el número de beneficiarios de Prospera, mayor es el número de denuncias por condicionamiento de programas sociales”, aseguró el fiscal, aunque atribuyó la incidencia de corrupción a la actuación poco ética de los funcionarios y no a la condición de pobreza de los ciudadanos.

El trabajo con el SNA

El funcionario afirmó que la Fepade y el SNA han colaborado en un programa de trabajo conjunto: primero rendir informes en aquellos casos de la Fiscalía que ya han sido judicializados; segundo trabajar en un modelo de modus operandi
para ofrecer al SNA el mecanismo de gestación de los delitos electorales en el ámbito de la corrupción y finalmente, con la
Secretaría de la Función Pública se elabora un mapa de riesgo.


“Encontramos, sobre todo en temas
relacionado con condicionamiento de programas sociales, a partir de
la medición de los índices de marginalidad, de pobreza a nivel
municipal de las entidades federativas y de los números de
beneficiarios, -tanto en números enteros
 
como porcentuales de
beneficiarios- de Prospera, en cada entidad federativa, hemos
detectado que a mayor incremento en el número de beneficiarios de
prospera mayor es el incremento en el número de denuncias por
condicionamiento de programas sociales”, afirmó el
funcionario.

De acuerdo con el funcionario, desde
que está la Fepade se han registrado cerca de dos mil 670
denuncias en materia de corrupción y la cifra ha ido en aumento:
mientras en 2015 se abrieron 133 investigaciones relacionadas con
condicionamiento de programas, en 2016 fueron 474 y en 2017 fueron
171, con sólo cuatro procesos electorales.

Santiago Nieto aseguró que el
incremento en las denuncias se debe a que ahora llegan en contra de
los gobiernos estatales y municipales y no solo en casos de
comicios federales.

Además, se ha observado un
incremento en los delitos de peculado electoral y financiamiento
ilícito.

“Hemos encontrado un incremento
constante no solamente en peculado electoral sino en el
financiamiento ilícito en las campañas electorales, que era algo
que no veíamos y que se empieza a dar con mayor presencia a partir
de 2017, llámese desvío de recursos de la federación, estados y
municipios, llámese retención de salarios de los trabajadores a
nivel estatal o municipal o llámese recursos presuntamente de
procedencia ilícita, como lo que hemos visto en algunos candidatos
independientes en Nayarit y Coahuila, todo esto implica actos de
corrupción que es importante que se ataquen por parte del sistema
de procuración de justicia en particular por la Fepade”, afirmó
el funcionario. Respecto a la reforma de ley que se presentaría
para endurecer las sanciones contra los imputados de delitos
electorales graves, Santiago Nieto aseveró que se ha planteado en
diferentes foros y momentos la necesidad de que dichos delitos se
consideren graves.

“Sí, es correcto (…) En todos
los casos exitosos de la Fepade, (los imputados) o han adquirido la
libertad caucional porque es un derecho que la Constitución le da
a los imputados, o no hay prisión preventiva oficiosa por la
comisión de delitos como el condicionamiento de programas sociales
o peculado electoral, por ello es que hemos nosotros planteado, lo
he hecho en la conversaciones que se han tenido con el Sistema
Nacional Anticorrupción, la necesidad de que el delito de peculado
electoral se convierta en un delito grave, para efecto de que se
mande un mensaje claro de que ese tipo de conductas son reprochadas
por el Poder Legislativo, por la clase política mexicana, por la
sociedad mexicana en su conjunto”, aseguró el titular de la
Fepade.

Nieto Castillo, aunque no dio fecha
para presentar en el Congreso la iniciativa de la reforma a la Ley
General en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en el
Código Penal Federal, aceptó que próximamente se tramitará,
aunque, de aprobarse, es probable que no sea aplicable en las
próximas elecciones de 2018.


“La Constitución establece que no
puede haber modificaciones a las normas fundamentales del proceso
electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral, que como
sabemos iniciará el próximo ocho de septiembre, por tanto estamos
fuera del plazo, hay una discusión académica respecto a esto
porque se plantea que un tipo penal no es una norma fundamental que
afecta el proceso electoral en sí, sin embargo yo soy de la idea
que los delitos electorales forman parte de la materia electoral y
que, por tanto, modificar una norma que tenga que ver con la
sanción que se impone al servidor público podría ser una norma
fundamental, pero en todo caso esto es un tema que
 
tendrá que discutir y resolver,
en caso de que así procediera la reforma, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”, concluyó Nieto Castillo.


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