/ sábado 31 de octubre de 2020

Venta de chatarra, modus vivendi de estos tiempos ante la crisis por Covid-19

Muchos padres de familias se dedican a la recolección de fierros y latas de aluminio que se convierten en pesos

  • Pagan 200 pesos o un poco más por las rejillas de alcantarillas, las que no todos compran por ser ilegal
  • Sin embargo, reconocen que no hay autoridad que acuda a verificar si se compra o no material robado
  • En las zonas norte y poniente es donde más tapas roban, las que le cuestan al erario entre 5 y 8 mil pesos
  • En la zona metropolitana hay registrados 233 pequeños negocios que se dedican a la compra de fierro y más

Unos 200 pesos, posiblemente un poco más, puede ser la ganancia por la venta de una rejilla de colector pluvial, boca de tormenta o alcantarilla de fierro colado, dependiendo de su peso, pero la reposición de cada una llega a costarle al erario público varios miles de pesos.

De dos a 3.50 pesos se paga el kilo de fierro colado, pero en las chatarreras legales no se arriesgan a comprar los accesorios robados. Quienes sí lo hacen, evidentemente pagan un valor menor, pero “en realidad a nadie le interesa comprar robado”.

No obstante, el fierro colado no es la única opción; las chatarreras también compran aluminio, cobre, bronce, níquel, acero y hasta antimonio, entre otros, cuyos precios fluctúan de semana en semana.

LA CHATARRA: MODUS VIVENDI

La venta de chatarra se ha vuelto un modus vivendi de muchas personas desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del Covid-19; amas de casa o padres de familia se han convertido en habituales pepenadores y acuden a vender inclusive pedacería de cobre que recolectan para hacerse de unos pesos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Otros llevan latería de aluminio, que esta semana es pagada en 18 pesos por kilo; para juntar un kilogramo se requieren alrededor de 53 o 55 latas.

Sin embargo, como dice el propietario de la chatarrera “Arroyo Recicling”, ubicada en la esquina de las calles León García y Espinoza y Cuevas, el mejor negocio es con empresas o talleres mecánicos que venden mayores volúmenes de chatarra, del material que sea. Inclusive, hay empresas que acuden a recoger la chatarra a domicilio.

COBRE DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

Además de las latas de aluminio, el cobre es uno de los materiales más socorridos y se paga de 60 a 70 pesos por kilo; hay chatarreras que lo llegan a comprar hasta 90 pesos o más, dependiendo de su calidad. “Es que hay cobre de primera y cobre de segunda; a principio del año los precios se cayeron, pero se sigue pagando bien”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

El aluminio, no en lata, se paga a 22 pesos el kilo, el bronce a 101 pesos, pero en chatarra es pagado a 83 pesos, el níquel (generalmente en moneda antigua) se paga ahora a 80 pesos por kilogramo. Inclusive, las balastras tienen un precio: 1.40 pesos por kilo.

La compra-venta de rejillas metálicas u otro material considerado como bien municipal, está prohibida, pero no hay propietario o encargado de chatarrera que haya sido sancionado por ello.

NO VERIFICAN A CHATARREROS

A mediados de este año, policías sorprendieron a un hombre que se apoderaba de dos rejillas del alcantarillado, en el cruce de las avenidas Salvador Nava Martínez y Salk, en el sur de la ciudad. Se le puso en manos de autoridades ministeriales, y nada más se supo de él.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En chatarreras locales niegan la compra de tales “fierros”, al menos en las que están registradas para operar formalmente como tales. Sin embargo, reconocen que no hay autoridad que acuda a verificar si se compra o no material robado.

“En veces vienen los judiciales (policías de investigación) y hacen preguntas; les dejamos entrar para que revisen, pero luego se van y no vuelven”, asegura el encargado de un negocio de compra-venta de chatarra instalado en la prolongación de avenida Juárez.

REJILLAS NO RECICLABLES

El director de Servicios del ayuntamiento capitalino, José Luis Zamora Valero, reconoce que el robo de rejillas se presenta en toda la ciudad, pero con especial incidencia en las zonas norte y poniente, y en el Centro Histórico.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Lamenta esta situación porque, además del gasto al erario -reponer una boca de tormenta o rejilla que ha desaparecido totalmente, cuesta entre los 5 mil y 8 mil pesos- la ausencia de tales accesorios son causa de accidentes en transeúntes o conductores de vehículos, en especial motociclistas y ciclistas. Y en temporada de lluvias, contribuyen a inundaciones.

Además por robo, los daños también se dan por vandalismo y por desgaste por el paso de vehículos. La coordinación de Imagen Urbana del mismo ayuntamiento ha planteado la posibilidad de sustituir las rejillas por otras hechas con hierro dúctil no reciclable.

DESECHOS CON VALOR

Chatarreros explican que lo que ellos recolectan lo comercializan con otras empresas similares que son más grandes, que se dedican a la recolección, reciclado y fundición de materiales como los citados, e inclusive papel, cartón, aceites y hasta, vidrio, madera y plásticos. Estas, a su vez, venden el producto a las grandes compañías que los utilizan como insumo en sus procesos.

Solamente en la zona Industrial, operan alrededor de una docena de empresas dedicadas a la recolección y reciclado, pero que deben cumplir con estándares de calidad y diversos requisitos, y cuya recolección se hace directamente en las empresas de ese corredor industrial, principalmente los metales.

CHATARRERAS CLANDESTINAS

En cambio, las pequeñas chatarreras que abundan en diferentes zonas de la ciudad, se dedican muchas veces a la recolección de residuos domésticos o de calle, que pepenadores recuperan de contenedores de basura.

Según el padrón de pequeñas chatarreras legales, son 184 las que operan a lo largo y ancho de la capital potosina, y 49 más que se agrupan en colonias de Soledad de Graciano Sánchez.

Sin embargo, a decir de uno de los empleados de la chatarrera ubicada en pleno centro de la ciudad, en la calle Allende 730, casi esquina con avenida Reforma, hay muchas empresas que no están registradas, que son lugares clandestinos de reciclaje o grupos de pepenadores que se organizan para juntar mayor volumen de material y obtener más ganancia, y que rentan algún espacio para almacenar el material. Quizá ahí es a donde van a parar las rejillas y placas que han sido robadas.

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  • Pagan 200 pesos o un poco más por las rejillas de alcantarillas, las que no todos compran por ser ilegal
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  • En las zonas norte y poniente es donde más tapas roban, las que le cuestan al erario entre 5 y 8 mil pesos
  • En la zona metropolitana hay registrados 233 pequeños negocios que se dedican a la compra de fierro y más

Unos 200 pesos, posiblemente un poco más, puede ser la ganancia por la venta de una rejilla de colector pluvial, boca de tormenta o alcantarilla de fierro colado, dependiendo de su peso, pero la reposición de cada una llega a costarle al erario público varios miles de pesos.

De dos a 3.50 pesos se paga el kilo de fierro colado, pero en las chatarreras legales no se arriesgan a comprar los accesorios robados. Quienes sí lo hacen, evidentemente pagan un valor menor, pero “en realidad a nadie le interesa comprar robado”.

No obstante, el fierro colado no es la única opción; las chatarreras también compran aluminio, cobre, bronce, níquel, acero y hasta antimonio, entre otros, cuyos precios fluctúan de semana en semana.

LA CHATARRA: MODUS VIVENDI

La venta de chatarra se ha vuelto un modus vivendi de muchas personas desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del Covid-19; amas de casa o padres de familia se han convertido en habituales pepenadores y acuden a vender inclusive pedacería de cobre que recolectan para hacerse de unos pesos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Otros llevan latería de aluminio, que esta semana es pagada en 18 pesos por kilo; para juntar un kilogramo se requieren alrededor de 53 o 55 latas.

Sin embargo, como dice el propietario de la chatarrera “Arroyo Recicling”, ubicada en la esquina de las calles León García y Espinoza y Cuevas, el mejor negocio es con empresas o talleres mecánicos que venden mayores volúmenes de chatarra, del material que sea. Inclusive, hay empresas que acuden a recoger la chatarra a domicilio.

COBRE DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

Además de las latas de aluminio, el cobre es uno de los materiales más socorridos y se paga de 60 a 70 pesos por kilo; hay chatarreras que lo llegan a comprar hasta 90 pesos o más, dependiendo de su calidad. “Es que hay cobre de primera y cobre de segunda; a principio del año los precios se cayeron, pero se sigue pagando bien”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

El aluminio, no en lata, se paga a 22 pesos el kilo, el bronce a 101 pesos, pero en chatarra es pagado a 83 pesos, el níquel (generalmente en moneda antigua) se paga ahora a 80 pesos por kilogramo. Inclusive, las balastras tienen un precio: 1.40 pesos por kilo.

La compra-venta de rejillas metálicas u otro material considerado como bien municipal, está prohibida, pero no hay propietario o encargado de chatarrera que haya sido sancionado por ello.

NO VERIFICAN A CHATARREROS

A mediados de este año, policías sorprendieron a un hombre que se apoderaba de dos rejillas del alcantarillado, en el cruce de las avenidas Salvador Nava Martínez y Salk, en el sur de la ciudad. Se le puso en manos de autoridades ministeriales, y nada más se supo de él.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En chatarreras locales niegan la compra de tales “fierros”, al menos en las que están registradas para operar formalmente como tales. Sin embargo, reconocen que no hay autoridad que acuda a verificar si se compra o no material robado.

“En veces vienen los judiciales (policías de investigación) y hacen preguntas; les dejamos entrar para que revisen, pero luego se van y no vuelven”, asegura el encargado de un negocio de compra-venta de chatarra instalado en la prolongación de avenida Juárez.

REJILLAS NO RECICLABLES

El director de Servicios del ayuntamiento capitalino, José Luis Zamora Valero, reconoce que el robo de rejillas se presenta en toda la ciudad, pero con especial incidencia en las zonas norte y poniente, y en el Centro Histórico.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Lamenta esta situación porque, además del gasto al erario -reponer una boca de tormenta o rejilla que ha desaparecido totalmente, cuesta entre los 5 mil y 8 mil pesos- la ausencia de tales accesorios son causa de accidentes en transeúntes o conductores de vehículos, en especial motociclistas y ciclistas. Y en temporada de lluvias, contribuyen a inundaciones.

Además por robo, los daños también se dan por vandalismo y por desgaste por el paso de vehículos. La coordinación de Imagen Urbana del mismo ayuntamiento ha planteado la posibilidad de sustituir las rejillas por otras hechas con hierro dúctil no reciclable.

DESECHOS CON VALOR

Chatarreros explican que lo que ellos recolectan lo comercializan con otras empresas similares que son más grandes, que se dedican a la recolección, reciclado y fundición de materiales como los citados, e inclusive papel, cartón, aceites y hasta, vidrio, madera y plásticos. Estas, a su vez, venden el producto a las grandes compañías que los utilizan como insumo en sus procesos.

Solamente en la zona Industrial, operan alrededor de una docena de empresas dedicadas a la recolección y reciclado, pero que deben cumplir con estándares de calidad y diversos requisitos, y cuya recolección se hace directamente en las empresas de ese corredor industrial, principalmente los metales.

CHATARRERAS CLANDESTINAS

En cambio, las pequeñas chatarreras que abundan en diferentes zonas de la ciudad, se dedican muchas veces a la recolección de residuos domésticos o de calle, que pepenadores recuperan de contenedores de basura.

Según el padrón de pequeñas chatarreras legales, son 184 las que operan a lo largo y ancho de la capital potosina, y 49 más que se agrupan en colonias de Soledad de Graciano Sánchez.

Sin embargo, a decir de uno de los empleados de la chatarrera ubicada en pleno centro de la ciudad, en la calle Allende 730, casi esquina con avenida Reforma, hay muchas empresas que no están registradas, que son lugares clandestinos de reciclaje o grupos de pepenadores que se organizan para juntar mayor volumen de material y obtener más ganancia, y que rentan algún espacio para almacenar el material. Quizá ahí es a donde van a parar las rejillas y placas que han sido robadas.

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