/ martes 18 de septiembre de 2018

La Fiscalía ha generado clima de temor por órdenes de aprehensión

La Fiscalía General del Estado ha generado un clima de temor entre quienes hace 7 años compraron un lote en el ejido “Plan de Ayala”, quienes ahora tienen orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, lo que consideran una acción irregular porque esto no es lo que se conoce como procuración de justicia.

Tal denuncia la hizo Miguel Ángel Guzmán Michell, de la organización “Nuevo País”, quien dijo que el proceder de la fiscalía no se entiende, porque debería estar actuando en contra de quienes cometen los robos en la localidad y delincuentes que asaltan y roban, pretende cumplimentar 70 órdenes de aprehensión de gentes que en cierto momento adquirieron un lote en conflicto, en lo que ahora es plan de Ayala o Buenos Aires.

Ante tal situación, quienes consideran verse afectados conformaran un “Frente de Defensa”, el que será integrado por familiares, abogados y organizaciones, por considerar que esta es una acción fuera de la ley, tomando en cuenta el tiempo que ya pasó y porque en lugar de actuar a través de la policía ministerial para poner alto a la ola delictiva que afecta a la población, están tratando de justificar que trabajan al cumplimentar estas órdenes de aprehensión.

Por ello, este jueves al estar en la capital del Estado, buscarán audiencia con el Fiscal general para plantearle esta situación y buscar la manera que se detenga, porque está afectando a quienes se dedican a trabajar, y quienes ya nada tienen que ver con los lotes que en su momento adquirieron, por lo que pedirán la revisión de estos casos.

Prácticamente es una “cacería” y esto lo harán saber al fiscal para que atienda y se dé una solución a esta situación, algunos de los afectados ya han iniciado ante el Juzgado de Distrito, una suspensión de este proceso, pero esto tiene un costo, lo cual no todos pueden pagar, por ello se busca la intervención directa de la Fiscalía General del Estado.

No se dieron a conocer los nombres de quienes fueron demandados, no saben si por las autoridades ejidales actuales o si estas denuncias se presentaron hace 7 años, por lo que pedirán una revisión de estos casos.

Lo incongruente es que, en la fiscalía, cuando algún líder inicia un proceso de defensa en favor de campesinos, también apuntan el nombre del abogado y muchas de las veces lo relacionan con los delitos que se cometen, lo que consideran injusto, lo que también se planteará al fiscal.

La Fiscalía General del Estado ha generado un clima de temor entre quienes hace 7 años compraron un lote en el ejido “Plan de Ayala”, quienes ahora tienen orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, lo que consideran una acción irregular porque esto no es lo que se conoce como procuración de justicia.

Tal denuncia la hizo Miguel Ángel Guzmán Michell, de la organización “Nuevo País”, quien dijo que el proceder de la fiscalía no se entiende, porque debería estar actuando en contra de quienes cometen los robos en la localidad y delincuentes que asaltan y roban, pretende cumplimentar 70 órdenes de aprehensión de gentes que en cierto momento adquirieron un lote en conflicto, en lo que ahora es plan de Ayala o Buenos Aires.

Ante tal situación, quienes consideran verse afectados conformaran un “Frente de Defensa”, el que será integrado por familiares, abogados y organizaciones, por considerar que esta es una acción fuera de la ley, tomando en cuenta el tiempo que ya pasó y porque en lugar de actuar a través de la policía ministerial para poner alto a la ola delictiva que afecta a la población, están tratando de justificar que trabajan al cumplimentar estas órdenes de aprehensión.

Por ello, este jueves al estar en la capital del Estado, buscarán audiencia con el Fiscal general para plantearle esta situación y buscar la manera que se detenga, porque está afectando a quienes se dedican a trabajar, y quienes ya nada tienen que ver con los lotes que en su momento adquirieron, por lo que pedirán la revisión de estos casos.

Prácticamente es una “cacería” y esto lo harán saber al fiscal para que atienda y se dé una solución a esta situación, algunos de los afectados ya han iniciado ante el Juzgado de Distrito, una suspensión de este proceso, pero esto tiene un costo, lo cual no todos pueden pagar, por ello se busca la intervención directa de la Fiscalía General del Estado.

No se dieron a conocer los nombres de quienes fueron demandados, no saben si por las autoridades ejidales actuales o si estas denuncias se presentaron hace 7 años, por lo que pedirán una revisión de estos casos.

Lo incongruente es que, en la fiscalía, cuando algún líder inicia un proceso de defensa en favor de campesinos, también apuntan el nombre del abogado y muchas de las veces lo relacionan con los delitos que se cometen, lo que consideran injusto, lo que también se planteará al fiscal.

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