Luego de condenar las cobardes y violentas acciones perpetradas por los huelguistas afuera de las instalaciones de la DAPA, el presidente municipal Adrián Esper Cárdenas, dijo que se hará un estudio para determinar si se declara en quiebra al organismo operador de agua y solicitar ante el Congreso del Estado su extinción.
EN REDES
En redes sociales, el alcalde escribió: “Se pretendía darle un tratamiento de purificación al agua que consumimos todos nosotros los vallenses, pero sin ningún fundamento lo impidieron, el dirigente del sindicato, su esposa y sus compinches que insultaron, agredieron, golpearon y patearon a los representantes legales, ¡serán enjuiciados!”. Prosigue: “Las negociaciones con el sindicato quedan suspendidas hasta que esos delincuentes sean destituidos y reemplazados, mientras tanto, se continuará por la vía legal”.
Según esa misma declaración, con el ahorro del dinero de los sueldos que no se les están pagando a los que no están trabajando, el organismo seguirá invirtiéndose en reparaciones y mejoras a las lineas de suministro como lo han hecho, obras que debieron hacerse desde hace mucho tiempo atrás. Lamentó que ese dinero fuese entregado, por mucho tiempo, a quienes no trabajaban, por acuerdos políticos.
JUNTA DE GOBIERNO
Inmediatamente luego de emitir el comunicado, solicitó al consejo ciudadano y junta de gobierno que inicien un estudio diagnóstico para la declaración de quiebra del organismo y la solicitud de extinción al Congreso del Estado. Por la vía legal, el municipio terminará absorbiendo el control de los bienes de la DAPA, y el organismo desaparecerá. Los laudos serán impagables y un nuevo organismo será creado desde cero, con la recontratación de los empleados que sí decidieron trabajar y limitando sus prestaciones a las posibilidades financieras de la institución que da vida a la población.
DECLARACIÓN
El alcalde aclaró: “Nuestra prioridad es el suministro de agua con calidad para todo el pueblo. Nunca una minoría violenta podrá imponer sus intereses por encima del bienestar de las familias de Valles. Nunca los falsos líderes lograrán que pongamos en riesgo la salud de nuestros niños”.
EL CASO DAPA
Esto es en referencia a los hechos ocurrido el miércoles por la tarde, afuera de la DAPA, cuando el licenciado Edgar Enrique Sánchez González, jurídico de DAPA, y el licenciado Gilberto Aranda Márquez, notario público, fueron agredidos, lo cual también es un delito que será castigado.
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