Con apoyo de Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), establecieron el convenio de colaboración para la Certificación de Operadores del Sistema de Justicia Penal.
Con esa suma de esfuerzos, se está en proceso la certificación de 61 personas, quienes podrán seguir abrevando conocimiento con la firma de ese refrendo, sobre lo cual el Fiscal General del Estado dijo que cada persona participe encuentre el camino correcto a seguir, “no es más que refrendar su quehacer, nosotros le apostamos a la profesionalización, a que nuestro personal se sume a cada uno de los trabajos y tareas porque esta es la mejor manera de sacar adelante la función que tenemos”.
Matthew Stokes, oficial de Programa de Procuración de Justicia para la Oficina de Iniciativa Mérida en la Embajada de los Estado Unidos de América, reconoció el compromiso adquirido por la institución potosina, ya que la profesionalización es el camino correcto para mejorar la procuración de justicia en México.
“Este es otro paso importante para la relación entre Iniciativa Mérida y la Fiscalía General del Estado de San Luis, lo que demuestra el compromiso de utilizar las mejores herramientas disponibles para comprender las capacidades de sus Ministerios Públicos, establecer un estándar riguroso para ellos, e identificar las áreas en las que pueden mejorar; estamos orgullosos de dar un paso adelante con la Fiscalía y queremos continuar con esta estrecha colaboración en el futuro”.
Lila Flores Fernández, coordinadora del proyecto Certificación para la
Justicia en México en el CEEAD A.C., hizo énfasis en el esfuerzo y dedicación del personal que han participado en el proceso de capacitación y evaluación, la carga de trabajo no ha sido impedimento para mostrar un buen desempeño durante el proyecto.
“Para el CEEAD este proyecto significa un avance para mejorar la calidad de los servicios jurídicos, este proyecto también busca dar certeza a la gente de que las personas que operan el sistema de justicia penal cuentan con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para ejercer el cargo; buscamos también mejorar los procesos de profesionalización mediante la capacitación focalizada y el reconocimiento de las personas por su buen desempeño”.