La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez consideró necesario establecer en la legislación que como parte de las obligaciones a desarrollar por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental no solamente sea promover la cultura del reúso y reciclaje, sino además el uso de energías limpias y el uso adecuado de los materiales e insumos utilizados al interior de la entidades gubernamentales, con el firme objetivo de propiciar mejores prácticas en el desarrollo de sus actividades y el ahorro en su presupuesto.
Por ello, Benavente Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí a fin de facultar a la SEGAM a promover entre las dependencias que conforman la administración pública estatal, prácticas sustentables en el aprovechamiento de materiales e insumos, el uso de energías limpias, así como el reúso y reciclaje.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que promover la sustentabilidad sobre todo en las instituciones públicas debe ser una obligación gubernamental, principalmente considerando el impacto que ha dejado en la tierra el desarrollo humano.
En ese sentido, es preciso mencionar que de acuerdo a Rojas (El Desarrollo Sustentable: Nuevo Paradigma para la Administración Publica), existen diversos elementos a considerar en torno a la necesidad de cambiar la visión estructural de las instituciones en materia ambiental, mismos que pueden reducirse en los siguientes:
Conciencia política; Preocupación política e institucional; Búsqueda de estrategias e intercambio equilibrado y de relación sustentable con el entorno natural: Captación de recursos y estrategias ambientales; Interiorización de bienes naturales como bienes ambientales y valorizables dentro del sistema político; Apertura de la dimensión temporal de la acción política en la dimensión ambiental.
Todo lo cual amplía en gran medida el paradigma de la sustentabilidad transversalizándolo a las políticas públicas y por ende al accionar gubernamental, promoviendo las buenas prácticas en ese sentido y enfocándose en gran medida al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.
La iniciativa de la legisladora se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Ecología y Medio Ambiente para su análisis correspondiente.
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