/ miércoles 8 de enero de 2020

Sustraen a hijos del hogar para evadir pensión

De 7 mil casos atendidos en 2019, 5 mil fueron por violencia familiar

De los 7 mil casos atendidos por la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en 2019, 5 mil corresponden a violencia familiar, que también se vio reflejada en otros delitos como sustracción de menores e incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar, indicó Juana María Castillo Ortega, titular de la dependencia.

La fiscal precisó que en 2018 la dependencia a su cargo atendió en total 6 mil 445 casos, mientras que en 2019 la cifra se elevó a 7 mil 592; el delito más recurrente en ambos años fue la violencia familiar, con 4 mil 278 casos en 2018 y 5 mil 142 casos en 2019.

Indicó que sin embargo, hay otros delitos que también representan violencia familiar, como la sustracción de menores, que en 2018 generó 259 casos y en 2019 subió a 358, así como el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, donde también hubo un aumento al pasar de 247 en 2018, a 351 en 2019; este último delito se refiere a aquellos padres o madres que a pesar de tener sentencia de un juez, dejan de proveer recursos para comida, sustento y vivienda de los hijos.

Explicó que estos dos delitos están relacionados, pues se han encontrado casos en los que el padre que tiene orden de un juez para dar la pensión alimenticia, trata de evitarlo reincorporando al niño al hogar “pero sustrayéndolo, es decir obligadamente”, o cuando la mujer tiene una nueva pareja les quieren quitar a los hijos.

Otra situación que ha detectado la Fiscalía, es que hay quienes piden en su trabajo que los den de baja o los registren con un salario menor al que en realidad perciben, para así dar menos monto de pensión, incluso mencionó el caso de un funcionario federal que se encontraba en un nivel alto y pidió que lo removieran a uno de menor rango para así reducir la pensión que tenía que dar.

Castillo Ortega destacó que con estas acciones no dañan a la mujer, sino a los hijos, porque ya no pueden acceder a todo lo que estaban acostumbrado, tienen satisfactores de menor calidad; en estos casos la Fiscalía lo toma como incumplimiento y el padre debe hacer la reparación del daño, para lo cual se documenta cuánto ganaba antes de pedir el cambio y se determina cuánto se dejó de percibir, y aunque en algunos casos es complicado probarlo debido a que no hay documentación, destacó que el sistema acusatorio permite testigos y verificación de gastos como prueba.

De los 7 mil casos atendidos por la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en 2019, 5 mil corresponden a violencia familiar, que también se vio reflejada en otros delitos como sustracción de menores e incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar, indicó Juana María Castillo Ortega, titular de la dependencia.

La fiscal precisó que en 2018 la dependencia a su cargo atendió en total 6 mil 445 casos, mientras que en 2019 la cifra se elevó a 7 mil 592; el delito más recurrente en ambos años fue la violencia familiar, con 4 mil 278 casos en 2018 y 5 mil 142 casos en 2019.

Indicó que sin embargo, hay otros delitos que también representan violencia familiar, como la sustracción de menores, que en 2018 generó 259 casos y en 2019 subió a 358, así como el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, donde también hubo un aumento al pasar de 247 en 2018, a 351 en 2019; este último delito se refiere a aquellos padres o madres que a pesar de tener sentencia de un juez, dejan de proveer recursos para comida, sustento y vivienda de los hijos.

Explicó que estos dos delitos están relacionados, pues se han encontrado casos en los que el padre que tiene orden de un juez para dar la pensión alimenticia, trata de evitarlo reincorporando al niño al hogar “pero sustrayéndolo, es decir obligadamente”, o cuando la mujer tiene una nueva pareja les quieren quitar a los hijos.

Otra situación que ha detectado la Fiscalía, es que hay quienes piden en su trabajo que los den de baja o los registren con un salario menor al que en realidad perciben, para así dar menos monto de pensión, incluso mencionó el caso de un funcionario federal que se encontraba en un nivel alto y pidió que lo removieran a uno de menor rango para así reducir la pensión que tenía que dar.

Castillo Ortega destacó que con estas acciones no dañan a la mujer, sino a los hijos, porque ya no pueden acceder a todo lo que estaban acostumbrado, tienen satisfactores de menor calidad; en estos casos la Fiscalía lo toma como incumplimiento y el padre debe hacer la reparación del daño, para lo cual se documenta cuánto ganaba antes de pedir el cambio y se determina cuánto se dejó de percibir, y aunque en algunos casos es complicado probarlo debido a que no hay documentación, destacó que el sistema acusatorio permite testigos y verificación de gastos como prueba.

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