Ciudadanos de Tampamolón solicitarán que los crímenes y abusos presuntamente cometidos por el presidente municipal, Isidro Mejía Gómez, sean atraídos por la Procuraduría General de la Republica (PGR); hay interpuestas seis carpetas de investigación ante la Fiscalía del Estado, y ninguna se ha resuelto.
Lo anterior fue señalado por Pablo Martel Santos, vocero de los pobladores, quien aseguró que ya han establecido reuniones con integrantes del próximo gobierno federal, y se comprometieron, tan pronto tomen posesión, dijo, a dar solución al hostigamiento, acoso y corrupción del alcalde.
“En la Fiscalía Estatal hay cinco o seis carpetas de investigación abiertas, la Fiscalía y el Gobernador, Carreras, siguen como los avestruces, con la cabeza metida en el hoyo, el problema ya está rebasando el ámbito estatal, pero ya se están estableciendo canales de comunicación con el nuevo gobierno federal”.
Señaló que en el Gobierno del San Luis Potosí prevale la ineficiencia y omisión, ya que conociendo de sobra todos abusos e incluso asesinatos que Mejía Gómez ha cometido contra los pobladores e indígenas, no actúan y lejos de eso, remarcó, las instancias electorales lo ratificaron como alcalde reelecto, cuando también se demostró el fraude electoral que llevó a cabo para “ganar”.
Además del Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que hay denuncias interpuestas en el Congreso Estatal, Consejo Estatal de la Judicatura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “se está recurriendo a todas las instancias y a las instancias federales porque además hay ahí delitos que corresponden al orden federal señalados”.
“Yo no soy quien para acusar directamente, pero son señalamientos que existen de la población y también en las carpetas de investigación por familiares de las víctimas, y tengo entendido que el mismo gobernador Carreras, ya en cierto modo declaro su incapacidad al nuevo gobierno federal, señalando estos casos graves que los han rebasado”.
Se tienen documentados al menos seis asesinatos de ciudadanos que iban contra sus interés políticos, pretende destituir a los jueces auxiliares de las 45 comunidades indígenas del municipio por negarse a firmar sus corruptelas, se robó los paquetes electorales y además mantiene bajo amenazas a todo aquel que no lo apoya..
