/ domingo 3 de febrero de 2019

Sólo Jorge Arreola y Adolfo Micalco han sido expulsados

Hasta el momento nadie ha solicitado la expulsión del ex diputado José Luis Romero Calzada, señalado por presuntos actos de “huachicoleo”

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí solamente ha tenido dos expulsiones de militantes –ex presidentes-, ejecutadas por la comisión Nacional de Justicia Partidaria y cualquier proceso abierto contra otros militantes, debe mantenerse en secrecía hasta que haya una resolución final, informó el secretario de Organización del Comité Directivo Estatal Edmundo Torrescano Medina.

Recordó que en el histórico potosino de procesos instaurados en contra de militantes sólo en dos ocasiones la Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó la expulsión, como medida sancionatoria; los casos de los ex presidentes del partido Adolfo Micalco Méndez y Jorge Arreola Sánchez, en términos del Artículo 27 del Código de Ética Partidaria.

A Jorge Arreola se le expulsó por presuntamente disponer del dinero de las campañas en 2006 en beneficio personal y por golpear al entonces delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Por su parte, Adolfo Micalco fue echado del partido por la golpiza a los jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario.

Torrescano Medina subrayó que en estos casos, tal como ha ocurrido con los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Cesar Duarte Jáquez, fue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la que tomó la determinación sancionatoria, pues es la única facultada para ello.

En los últimos años el PRI ha visto la construcción de un andamiaje jurídico partidario que garantiza el respeto a los derechos de los militantes, así como procedimientos apegados al derecho y el cumplimiento de las normas internas que rigen la vida del partido y el actuar de sus militantes.

El secretario de Organización Edmundo Torrescano Medina, quien refirió la creación de la Comisión de Ética Partidaria como órgano instaurador de procesos a militantes que evadan el cumplimiento de los documentos básicos.

Añadió que el nuevo andamiaje jurídico, implica una serie de preceptos y ordenamientos que buscan preservar la presunción de inocencia, el respeto a los procesos y las garantías de los militantes, por lo que en caso de abrir algún expediente este se mantendría en secrecía hasta ver concluida su investigación.

El ex presidente del PRI Martín Juárez Córdoba fue entrevistado sobre las presuntas acusaciones contra el ex diputado José Luis Romero Calzada y dijo que durante su mandato no tuvo conocimiento de ninguna solicitud de sanción o expulsión en las instancias correspondientes del partido.

También, recientemente, el presidente del PRI Elias Pesina Rodríguez adelantó que no hay procesos abiertos de expulsión contra Romero Calzada y que en caso de que se presente alguna solicitud, se canalizará como corresponda. Por la secrecía a la que obligan los estatutos del partido, se desconoce la existencia de algún proceso abierto.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí solamente ha tenido dos expulsiones de militantes –ex presidentes-, ejecutadas por la comisión Nacional de Justicia Partidaria y cualquier proceso abierto contra otros militantes, debe mantenerse en secrecía hasta que haya una resolución final, informó el secretario de Organización del Comité Directivo Estatal Edmundo Torrescano Medina.

Recordó que en el histórico potosino de procesos instaurados en contra de militantes sólo en dos ocasiones la Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó la expulsión, como medida sancionatoria; los casos de los ex presidentes del partido Adolfo Micalco Méndez y Jorge Arreola Sánchez, en términos del Artículo 27 del Código de Ética Partidaria.

A Jorge Arreola se le expulsó por presuntamente disponer del dinero de las campañas en 2006 en beneficio personal y por golpear al entonces delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Por su parte, Adolfo Micalco fue echado del partido por la golpiza a los jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario.

Torrescano Medina subrayó que en estos casos, tal como ha ocurrido con los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Cesar Duarte Jáquez, fue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la que tomó la determinación sancionatoria, pues es la única facultada para ello.

En los últimos años el PRI ha visto la construcción de un andamiaje jurídico partidario que garantiza el respeto a los derechos de los militantes, así como procedimientos apegados al derecho y el cumplimiento de las normas internas que rigen la vida del partido y el actuar de sus militantes.

El secretario de Organización Edmundo Torrescano Medina, quien refirió la creación de la Comisión de Ética Partidaria como órgano instaurador de procesos a militantes que evadan el cumplimiento de los documentos básicos.

Añadió que el nuevo andamiaje jurídico, implica una serie de preceptos y ordenamientos que buscan preservar la presunción de inocencia, el respeto a los procesos y las garantías de los militantes, por lo que en caso de abrir algún expediente este se mantendría en secrecía hasta ver concluida su investigación.

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