La producción o manufactura de cualquier tipo de droga está descartada en San Luis Potosí, las carpetas de investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública Estatal no refieren eso.
Así lo aseguró el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien desestimó que la entidad ocupe el primer lugar como productor de droga en la República Mexicana.
El funcionario estatal desmintió la información a través de la cual se señaló al estado potosino como primer lugar en producción de drogas sintéticas, esto no es así, sentenció.
Ni la producción ni la manufactura está identificada en San Luis Potosí, el trabajo de las corporaciones policiacas, la coordinación con fuerzas federales y los operativas constantes han impedido que ese fenómeno, asociado con la delincuencia, ocurra dentro del territorio potosino.
Advirtió que revisarán a detalle información, porque eso no ocurre aquí, no se produce ni hay producción de droga en San Luis Potosí, mucho menos somos el primer lugar en ello
La información habría trascendido tomando como sustento las carpetas de investigación contabilizadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Estatal, en la cual aparentemente se reflejaba que hubo un repunte en lo que se refiere la producción de drogas sintéticas.
El titular de la Secretaría General de Gobierno consideró que a nivel nacional se ha generado una percepción sobre el fenómeno de la delincuencia y las operaciones ilícitas, “pero en San Luis Potosí hemos desplegado diferentes operativos para contener y reducir las diferentes expresiones de delito”, insistió.
Finalmente, Leal Tovías reiteró que se va a revisar esa información, “porque nosotros lo que tenemos es que hay un trabajo de coordinación, a través del cual se realizan operativos, y existe una vigilancia permanente para evitar que ocurran ese tipo de casos”.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una instancia del gobierno federal mexicano, siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya función es sentar las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad pública entre el gobierno federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México.
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