/ viernes 8 de febrero de 2019

En 2018 SLP registró mil 159 delitos

Entre los cuales 527 corresponden a delitos de violación entre simples y equiparadas

En 2018 se registraron en San Luis Potosí mil 159 delitos contra la libertad y seguridad sexual entre los cuales 527 corresponden a delitos de violación entre simples y equiparadas, así mismo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 900 casos de homicidio en sus diversas modalidades.

Por esos delitos hay en los penales de San Luis Potosí 780 personas privadas de su libertad, en proceso penal una parte y otra más, purgando condenas que van de 8 a 45 años de prisión.

De acuerdo con el abogado Hutzilihuítl Ortega Pérez, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, el homicidio simple tiene una pena de 8 a 20 años de prisión y sanción pecuniaria de 800 a 2 mil días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir de 67 mil 592 pesos a 168 mil 980 pesos.

“Al responsable de homicidio en contra de familiares, que antes se calificaba como parricidio, pero que ya se amplió, le corresponde una pena de 20 a 40 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil UMAs, lo que se traduce de 168 mil 980 pesos a 337 mil 960 pesos”.

En el caso de que se trate de homicidio calificado, la pena es de 20 a 45 años de prisión y la imposición de una sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil 500 UMAs, que serían de 168 mil 980 pesos a 380 mil 205 pesos.

En lo que compete a sanciones por delitos de violación, éstas van de 8 a 16 años de prisión y una sanción pecuniaria de 800 a mil 600 UMAs, que equivalen a una cantidad de entre 67 mil 592 a 135 mil 184 pesos.

El abogado explica que este delito se tipifica con agravantes cuando intervienen dos o más personas en la comisión del delito, en cuyos casos la pena es de 10 a 18 años de prisión y la sanción pecuniaria es de mil a mil 800 UMAs, que monetariamente se traduce entre 84 mil 490 pesos y 152 mil 82 pesos.

Cabe mencionar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago en las disposiciones jurídicas a que se hace referencia en las sanciones pecuniarias por la comisión de delitos.

En 2018 se registraron en San Luis Potosí mil 159 delitos contra la libertad y seguridad sexual entre los cuales 527 corresponden a delitos de violación entre simples y equiparadas, así mismo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 900 casos de homicidio en sus diversas modalidades.

Por esos delitos hay en los penales de San Luis Potosí 780 personas privadas de su libertad, en proceso penal una parte y otra más, purgando condenas que van de 8 a 45 años de prisión.

De acuerdo con el abogado Hutzilihuítl Ortega Pérez, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, el homicidio simple tiene una pena de 8 a 20 años de prisión y sanción pecuniaria de 800 a 2 mil días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir de 67 mil 592 pesos a 168 mil 980 pesos.

“Al responsable de homicidio en contra de familiares, que antes se calificaba como parricidio, pero que ya se amplió, le corresponde una pena de 20 a 40 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil UMAs, lo que se traduce de 168 mil 980 pesos a 337 mil 960 pesos”.

En el caso de que se trate de homicidio calificado, la pena es de 20 a 45 años de prisión y la imposición de una sanción pecuniaria de 2 mil a 4 mil 500 UMAs, que serían de 168 mil 980 pesos a 380 mil 205 pesos.

En lo que compete a sanciones por delitos de violación, éstas van de 8 a 16 años de prisión y una sanción pecuniaria de 800 a mil 600 UMAs, que equivalen a una cantidad de entre 67 mil 592 a 135 mil 184 pesos.

El abogado explica que este delito se tipifica con agravantes cuando intervienen dos o más personas en la comisión del delito, en cuyos casos la pena es de 10 a 18 años de prisión y la sanción pecuniaria es de mil a mil 800 UMAs, que monetariamente se traduce entre 84 mil 490 pesos y 152 mil 82 pesos.

Cabe mencionar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago en las disposiciones jurídicas a que se hace referencia en las sanciones pecuniarias por la comisión de delitos.

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