La Ley no solo establece al Índice Nacional de Precios al Consumidor como parámetro para un posible incremento a la tarifa del transporte público, los permisionarios están obligados a cumplir con una serie de condiciones para acceder al aumento.
“Si no están de acuerdo, Gobierno del Estado se encuentra listo para asumir en cualquier momento esas funciones y ofrecer el servicio a la ciudadanía”.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, sugirió que, de no haber acuerdo en el ajuste a las tarifas del transporte urbano o si no les conviene, los concesionarios pueden devolver el permiso que se les otorga para prestar servicio a la administración estatal.
El funcionario estatal fue enfático en advertir que el ajuste anual a la tarifa será al alza solo si se cumplen las condiciones previstas en la Ley para el gremio concesionario.
El gobierno está listo para asumir esa responsabilidad, reiteró, "si para ellos el transporte público no es negocio, el estado está listo para recibirlo en cualquier momento, listo, así de fácil, no se peleen con su dinero".
Como lo publicó El Sol de San Luis “conforme a la Ley Estatal de Transporte que establece un aumento a la tarifa del transporte público en razón del INPC, el alza aplicable a partir del 15 de enero sería de 7.36%; el pasaje normal que actualmente es de 10.10 pesos, pasaría a 10.84 pesos, aunque ya hay voces de concesionarios que piden redondear el incremento a los 11 pesos”.
Finalmente en el tema, Serrato Sánchez aclaró que la visión de gobierno de Ricardo Gallardo, es una en la que no buscan castigar más la economía de familias potosinas, “aunque también es comprensivo con la situación actual del gremio concesionario del transporte público urbano”.
VA SCT VS EXFUNCIONARIOS POR RED METRO
En otro orden de ideas, el titular de la SCT en el estado indicó que, debido a las diferentes irregularidades que fueron observadas en la entrega-recepción del inoperante sistema denominado Red Metro, esto se traducirá en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Esa denuncia contra quien resulte responsable, pero que involucra a exservidores públicos e instancias privadas, quedó integrada en su totalidad y substanciada por el órgano de control interno de la dependencia gubernamental.