Ante la práctica común en muchas empresas y oficinas públicas de obligar a los trabajadores a firmar en blanco los papeles para que no puedan reclamar ningún derecho o incluso como una renuncia anticipada, el Congreso del Estado reformará el Código Penal para que esta acción sea considerada delito.
La diputada Martha Barajas García, presentó una iniciativa para sancionar a quien obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le impongan obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.
Será un delito que se sancionará con una pena de uno a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Señaló que hacer firmar en blanco a un trabajador es muy recurrente de los patrones al momento de contratar trabajadores, que se les obligue a firmar su renuncia, sin fecha o algún documento en blanco, que posteriormente llena el patrón al momento de despedirlos, lo cual implica renuncia de sus derechos como trabajadores.
“Esta práctica vejatoria que utilizan los patrones es con el objeto de condicionar al trabajador el acceso a un empleo, haciendo que el operario renuncie a sus derechos más elementales”.
Advirtió que este tipo de prácticas en muchos casos la justifican los empleadores como una forma de proteger a la empresa u organización; con lo que el patrón podría ahorrarse el pago de derechos al trabajador, como lo es una liquidación justa.
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