/ viernes 29 de marzo de 2019

Señora gana amparo contra Interapas, logró se le restableciera el servicio de agua

La octagenaria se quedó sin el servicio de agua potable y empeoró la situación insalubre en la que vive

Mediante el Juicio de Amparo número 274/2019-VII, la señora de la tercera edad, Beatriz Prado Rosas, vecina del Barrio de San Miguelito, logró la suspensión provisional para que se le restablezca el servicio del agua potable, que el INTERAPAS le habría suspendido ilegal y arbitrariamente.

El INTERAPAS, violó el artículo 4° de la Constitución Política Mexicana, que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El abogado de la demandante Rafael Pérez Vázquez, explicó que sin explicación alguna, empleados de la dependencia, acudieron a su domicilio, trozaron la tubería que permite el abastecimiento de agua, y la amenazaron con retirarle también los ductos de drenaje.

La dejaron sin el servicio de agua potable y empeorando la situación insalubre en la que vive actualmente, denuncio el litigante quien logró que revertir la violación a los derechos de la octagenaria.

“No tengo agua para el aseo personal, para preparar mis alimentos, para el baño, o para limpiar mi casa”, declaro la abuelita, a quien jamás le dieron a conocer la causa legal del procedimiento, ni fue llamada a juicio, o averiguada en sus necesidades primarias y gasto total de agua, antes de cortarle por completo el suministro del servicio.

“Incurrieron con esto en un delito que violenta no sólo la Constitución Política, sino que también a los organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, que establecen el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental”.

Rafael Pérez Vázquez, sostuvo, que se espera en las próximas horas se le restablezca el servicio a la demandante, y además buscaran se les impongan multas o exigirán la destitución de su cargo a las autoridades responsables, de “tan flagrante atropello” a los derechos humanos.

Mediante el Juicio de Amparo número 274/2019-VII, la señora de la tercera edad, Beatriz Prado Rosas, vecina del Barrio de San Miguelito, logró la suspensión provisional para que se le restablezca el servicio del agua potable, que el INTERAPAS le habría suspendido ilegal y arbitrariamente.

El INTERAPAS, violó el artículo 4° de la Constitución Política Mexicana, que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El abogado de la demandante Rafael Pérez Vázquez, explicó que sin explicación alguna, empleados de la dependencia, acudieron a su domicilio, trozaron la tubería que permite el abastecimiento de agua, y la amenazaron con retirarle también los ductos de drenaje.

La dejaron sin el servicio de agua potable y empeorando la situación insalubre en la que vive actualmente, denuncio el litigante quien logró que revertir la violación a los derechos de la octagenaria.

“No tengo agua para el aseo personal, para preparar mis alimentos, para el baño, o para limpiar mi casa”, declaro la abuelita, a quien jamás le dieron a conocer la causa legal del procedimiento, ni fue llamada a juicio, o averiguada en sus necesidades primarias y gasto total de agua, antes de cortarle por completo el suministro del servicio.

“Incurrieron con esto en un delito que violenta no sólo la Constitución Política, sino que también a los organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, que establecen el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental”.

Rafael Pérez Vázquez, sostuvo, que se espera en las próximas horas se le restablezca el servicio a la demandante, y además buscaran se les impongan multas o exigirán la destitución de su cargo a las autoridades responsables, de “tan flagrante atropello” a los derechos humanos.

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