Víctima de hostigamiento sexual y laboral, pide al gobernador Juan Manuel Carreras López haga valer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y suspenda del cargo al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública.
De 2019 a 2020, Mónica fungió como jefa de la Unidad de Servicios de Seguridad Privada en la SSP, y ante la ausencia de Jaime Pineda Arteaga cuando enfermó de Covid-19, comenzó a tratar con quien lo sustituyó en el cargo, pues tenía que firmarle autorizaciones.
Aunque al inicio el trato fue sólo de trabajo, con el paso de los días Mónica comenzó a recibir acoso hasta llegar a insinuaciones sexuales a cambio de ser basificada; al no acceder a dichas peticiones, fue destituida del cargo y enviada al Centro de Reclusión de La Pila como custodia, a pesar de que no cuenta con la capacitación para desempeñar dicho puesto.
Mónica decidió presentar la denuncia penal por hostigamiento sexual el pasado 7 de julio, y después simplemente se le dijo que no tenía contrato de trabajo vigente, por lo que pasó mes y medio sin salario, así que también recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), misma que emitió medidas de protección para la víctima y le fue restituido su trabajo, aunque ahora en otra dependencia.
La mujer denunció que a través de terceros sigue el acoso laboral en su contra, acusó que la Unidad de Género en la Secretaría de Seguridad solamente es una simulación ya que no da apoyo a las mujeres en la dependencia, "no es un secreto que todas las chicas que salen de la academia las ponen de asistentes de los jefes de zona, ellos eligen cuál chica les agrada y las mandan de administrativos, es denigrante saber que hay mujeres capaces y se ven obligadas a hacer esto".
Mónica cuenta con apoyo del Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz", por lo que su presidenta, Celia García Valdivieso, pidió al gobernador Juan Manuel Carreras "que sea consecuente con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala que debe ser retirado el agresor cuando es un funcionario público mientras es investigado, para que pueda defenderse y no haya influencia de ninguna autoridad, solicitamos que se retire del cargo para que (la víctima) pueda defenderse en igualdad de circunstancias".
Así mismo, hicieron responsable al Estado de cualquier cosa que le ocurra a Mónica o a sus defensores, pues señalaron que incluso quienes fungen como testigos en su caso, han sido víctima de hostigamiento.