/ jueves 15 de julio de 2021

Semarnat se deslinda acciones irregulares contra la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos

San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por mayoría se acordó incluir en el Área Natural Protegida

Son las asambleas ejidales las únicas facultadas para determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios, deslindó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El pasado 11 de julio, en asamblea de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por mayoría se acordó incluir en el Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, 11 mil 807-29-55 hectáreas, de las cuales 5,347-45-45 comprenderán la zona de amortiguamiento y 6,459-84-10 serán de zona núcleo.

Posterior a ello, el juez IV de Distrito en San Luis Potosí, ordenó a la Semarnat suspender la desincorporación de mil 805 hectáreas de la comunidad, “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive parcial o totalmente la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito de la superficie señalada de tierras de uso común”.

Al respecto, la dependencia federal señaló que ya se rindió el informe correspondiente "y se estará siempre en disposición de colaborar con las autoridades bajo los principios democráticos y de justicia.

En este sentido, se reitera que la Semarnat no ha realizado acto alguno tendiente a modificar el Título Comunal de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, pues esta es una cuestión fuera de sus competencias; y tampoco ha cometido violación alguna con relación al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano. Por el contrario, los esfuerzos por construir un ANP federal en la región de San Miguelito, responden a la conservación ambiental y la protección a los derechos antes mencionados".

Destacó que de conformidad con la normatividad en la materia, "son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades, por lo que son también las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios".

Así mismo, agregó que a la fecha, continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se han llevado a cabo 29 reuniones virtuales (debido a la pandemia por Covid-19) con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas.

Son las asambleas ejidales las únicas facultadas para determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios, deslindó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El pasado 11 de julio, en asamblea de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por mayoría se acordó incluir en el Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, 11 mil 807-29-55 hectáreas, de las cuales 5,347-45-45 comprenderán la zona de amortiguamiento y 6,459-84-10 serán de zona núcleo.

Posterior a ello, el juez IV de Distrito en San Luis Potosí, ordenó a la Semarnat suspender la desincorporación de mil 805 hectáreas de la comunidad, “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive parcial o totalmente la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito de la superficie señalada de tierras de uso común”.

Al respecto, la dependencia federal señaló que ya se rindió el informe correspondiente "y se estará siempre en disposición de colaborar con las autoridades bajo los principios democráticos y de justicia.

En este sentido, se reitera que la Semarnat no ha realizado acto alguno tendiente a modificar el Título Comunal de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, pues esta es una cuestión fuera de sus competencias; y tampoco ha cometido violación alguna con relación al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano. Por el contrario, los esfuerzos por construir un ANP federal en la región de San Miguelito, responden a la conservación ambiental y la protección a los derechos antes mencionados".

Destacó que de conformidad con la normatividad en la materia, "son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades, por lo que son también las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios".

Así mismo, agregó que a la fecha, continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se han llevado a cabo 29 reuniones virtuales (debido a la pandemia por Covid-19) con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas.

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