Pese a la implementación del Sistema de Justicia Penal en México, se mantienen importantes niveles de impunidad en el país, en el caso de San Luis Potosí, la impunidad es de 96% y la eficacia en los procesos es de apenas un 4%.
De acuerdo al estudio "Hallazgos 2020" realizado por la organización México Evalúa, a nivel nacional la impunidad es de 94.8%, cifra superior a la de 2019, cuando fue de 92.2%.
Las entidades con menores niveles de impunidad o mayores niveles de efectividad son Zacatecas con 76.6%; Yucatán con 85.3%; Guanajuato con 85.4%; Sonora con 85.9%, y Tlaxcala con 86%; en San Luis Potosí el nivel de impunidad es de 96% y apenas un 4% de efectividad.
El análisis destaca que hay estados que presumiblemente tienen mejores condiciones de operación del sistema de justicia penal, pero que brindan respuestas de baja efectividad, entre ellos se encuentra la entidad potosina.
Establece que mientras los hombres generalmente no denuncian por considerarlo una pérdida de tiempo (38.7%), porque consideran el delito de poca importancia (10.9%) o porque consideran que implica trámites largos y difíciles (9.2%), las mujeres no denuncian porque no tienen pruebas (13.6%), por miedo al agresor (5.6%) y por actitud hostil de la autoridad (4.0%).
También destaca que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) registró en 2019 una cifra negra estimada de 92.4%, mientras que para el 2020 fue de 93.3%, "y se compone tanto de los delitos que se reportan como no denunciados, como los denunciados sin una carpeta de investigación, y los delitos en los que no se especificó si se denunció o se inició una carpeta de investigación".
San Luis Potosí también se encuentra por arriba de la media nacional en la cifra negra estimada por la Envipe; el primer lugar lo ocupa Guerrero (96.1), seguido de Oaxaca (95.2), Michoacán (95.0), Sinaloa (94.5) Tamaulipas (94.0), Ciudad de México (94.0), San Luis Potosí (93.6), Tlaxcala (93.6) Veracruz (93.4) y Morelos (93.2).
Para reducir la impunidad, México Evalúa propone el establecimiento de políticas de persecución penal y de modelos de gestión institucional que cierren espacios a la arbitrariedad y pongan en el centro los derechos de las personas, para con ello asegurar que los fenómenos criminales de mayor impacto sean esclarecidos y el acceso a la justicia sea garantizado.