A través del Programa de Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se ha reducido en un 40% la tasa de pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación.
El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) implementado desde 2003, apoya mediante un incentivo económico la decisión de los dueños y poseedores de terrenos forestales de realizar buenas prácticas de manejo y conservación de los ecosistemas, con lo que fomenta a largo plazo la obtención de servicios ambientales tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la captura y conservación del carbono, explicó José Martín Toranzo Fernández, gerente estatal de la Conafor.
El funcionario federal informó que en el estado se invirtieron 71.2 millones de pesos en una superficie de 34 mil 322 hectáreas, distribuidos en 61 proyectos en los municipios de: Vanegas, Armadillo de los Infante, Mexquitic de Carmona, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Zaragoza, San Luis Potosí, Santa María del Río, Alaquines, Ciudad del Maíz, Lagunillas, San Nicolás Tolentino, Aquismón, Ciudad Valles, Matlapa, Tamasopo, Tamazunchale y Xilitla.
De acuerdo a la Conafor, las comunidades beneficiadas por el PSA a nivel nacional, aumentaron en más de 50% sus actividades de gestión para proteger la cobertura forestal, con acciones tales como patrullaje contra la tala ilegal, construcción de brechas cortafuego y actividades comunales para combatir la erosión del suelo.
A través de este esquema, en el país se conservan 2.4 millones de hectáreas con vegetación forestal, pues con él se ha logrado disminuir en 40% la tasa de pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación.
Este programa fue sometido a la Evaluación de Impacto rigurosa del Sector Medio Ambiente, mediante en el contexto de política pública a nivel internacional, y debido al rigor de la metodología aplicada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entregó a la Conafor el reconocimiento "Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas".
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