Las protestas que se llevan a cabo, en contra del pirataje en el transporte público, están fundadas; el servicio que se presta sin autorización está fuera de la Ley.
Los choferes y concesionarios del taxismo en San Luis Potosí reclaman con justa razón, así lo consideró el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro leal Tovías.
El funcionario estatal refirió que, después de la reforma al Código Penal en el Estado -hecha en noviembre del año pasado-, el pirataje se considera un delito que se persigue de oficio, sin que sea necesario que alguien presente una denuncia.
Reveló que la autoridad sostiene encuentros con taxistas para ubicar unidades piratas, “integrantes de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajan con los integrantes del gremio para coordinar los operativos, a través de los cuales los ilegales son retirados de la circulación”.
El encargado de la política interna en el estado opinó que los taxistas que se manifiestan en contra del pirataje lo hacen con justa razón, “ya que las unidades ilegales representan también una competencia desleal”.
Los cambios a la Ley, insistió, avalan los operativos en contra del pirataje, “ya que ahora es un delito, que además se persigue de manera oficiosa”.
Finalmente, Leal Tovías reveló que en las reuniones para coordinar los operativos, están presentes los titulares de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera; así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez.
El pasado martes, taxistas se manifestaron afuera de las instalaciones del C-4, para exigir al Gobierno del Estado que dé cumplimiento al citado decreto, del 8 de noviembre de 2019, para el combate al pirataje.
Los inconformes aseguran que hay más de seis mil vehículos irregulares, entre taxis y servicio de plataforma.
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