/ sábado 18 de mayo de 2019

San Luis dentro de la nómina magisterial irregular

Se ha detectado el pago a comisionados que fueron transferidos a puestos administrativos para que estos sigan cobrando

El estado de San Luis Potosí no se encuentra exento de la nómina magisterial que paga a personal que no da clases en la entidad potosina tal y como lo señala el estudio “La Impunidad de la Nómina Magisterial, uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo” donde se destaca que cien mil maestros en el país reciben salarios sin trabajar en los salones y en el caso de San Luis Potosí existen presuntamente 119 comisionados sindicales que recibieron 1.9 millones de pesos entre el 2015 y 2017.

Los recursos que se destinan provienen de pagos de la federación y del estado que son utilizados para Secretarios de Educación Estatales, Choferes, Secretarias y Maestros que básicamente no se encuentran frente a grupo.

Aunque el territorio potosino no se encuentra dentro de la lista con más anomalías en el abuso de recursos tal y como lo hacen las entidades de Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes, sí se ha detectado el pago a comisionados que fueron transferidos a puestos administrativos para que estos sigan cobrando, lo que refleja que se mantiene la impunidad en el país.

La información que se dio a conocer de manera reciente, pertenece a la Cuenta Pública de 2008 a 2019, la cual es emanada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde la propia Secretaría de Educación Pública, SEP.

Dentro de la radiografía expuesta se menciona que en promedio, el gasto de educación al año, es de 16 mil 893 millones de pesos que equivale al 5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del Estado, un 25 por ciento proviene de recursos estatales y el restante del Gobierno Federal.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, FONE, es parte del gasto federal, en promedio se reciben diez mil 592 millones de pesos, los cuales financian a 26 mil 741 profesores más personal administrativo y operativo, quienes atienden a 496 mil 139 alumnos en 6 mil 986 escuelas de educación básica del sistema educativo.

En el año 2015 la federación central hizo el pago de la nómina educativa para corregir irregularidades cometidas en manejo de el fondo, pues antes el Gobierno Federal dirigía el presupuesto el gobierno estatal que a su vez lo repartía a los trabajadores educativos, sin embargo después se modificó esto para que el gobierno de la presidencia dirigiera directamente el recurso a los trabajadores educativos. Con el cambio los recursos transferidos aumentaron 12 por ciento.

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMABE, que se practicó en el 2013 se detectaron irregularidades equivalentes al 17.9 por ciento de la nómina educativa y aunque ha mejorado el uso de los recursos, aún se identifican irregularidades por 119 comisionados sindicales que recibieron 1.9 millones de pesos entre los años 2015 y 2017.

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El estado de San Luis Potosí no se encuentra exento de la nómina magisterial que paga a personal que no da clases en la entidad potosina tal y como lo señala el estudio “La Impunidad de la Nómina Magisterial, uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo” donde se destaca que cien mil maestros en el país reciben salarios sin trabajar en los salones y en el caso de San Luis Potosí existen presuntamente 119 comisionados sindicales que recibieron 1.9 millones de pesos entre el 2015 y 2017.

Los recursos que se destinan provienen de pagos de la federación y del estado que son utilizados para Secretarios de Educación Estatales, Choferes, Secretarias y Maestros que básicamente no se encuentran frente a grupo.

Aunque el territorio potosino no se encuentra dentro de la lista con más anomalías en el abuso de recursos tal y como lo hacen las entidades de Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes, sí se ha detectado el pago a comisionados que fueron transferidos a puestos administrativos para que estos sigan cobrando, lo que refleja que se mantiene la impunidad en el país.

La información que se dio a conocer de manera reciente, pertenece a la Cuenta Pública de 2008 a 2019, la cual es emanada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde la propia Secretaría de Educación Pública, SEP.

Dentro de la radiografía expuesta se menciona que en promedio, el gasto de educación al año, es de 16 mil 893 millones de pesos que equivale al 5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del Estado, un 25 por ciento proviene de recursos estatales y el restante del Gobierno Federal.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, FONE, es parte del gasto federal, en promedio se reciben diez mil 592 millones de pesos, los cuales financian a 26 mil 741 profesores más personal administrativo y operativo, quienes atienden a 496 mil 139 alumnos en 6 mil 986 escuelas de educación básica del sistema educativo.

En el año 2015 la federación central hizo el pago de la nómina educativa para corregir irregularidades cometidas en manejo de el fondo, pues antes el Gobierno Federal dirigía el presupuesto el gobierno estatal que a su vez lo repartía a los trabajadores educativos, sin embargo después se modificó esto para que el gobierno de la presidencia dirigiera directamente el recurso a los trabajadores educativos. Con el cambio los recursos transferidos aumentaron 12 por ciento.

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMABE, que se practicó en el 2013 se detectaron irregularidades equivalentes al 17.9 por ciento de la nómina educativa y aunque ha mejorado el uso de los recursos, aún se identifican irregularidades por 119 comisionados sindicales que recibieron 1.9 millones de pesos entre los años 2015 y 2017.

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