Ruiz Contreras defiende uso de la prisión preventiva oficiosa en SLP

La prisión preventiva oficiosa está contemplada en la Ley y se vuelve necesaria como disposición cautelar ante la peligrosidad de presuntos responsables, no es ilegal ni arbitraria.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, quien defendió su aplicación justificada como parte del actual modelo de justicia.

En entrevista, reveló que San Luis Potosí se encuentra entre las entidades de la Republica Mexicana que más acuden a ella, “en los penales estatales 77.7 por ciento de las personas privadas de su libertad se encuentra en internamiento debide a esa medida cautelar”.

En contraparte, hay estudios que censuran la medida debido a que las personas privadas de su libertad (PPL's) que se encuentran en prisión justificada, no han recibido sentencia. Hay organismos internacionales han mantenido el debate con respecto a la legalidad de su aplicación y advierten que la tendencia debe ser la desaparición de la figura.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Ante esto, el funcionario estatal observó que la medida cautelar está tutelada por la legislación y utilizada en forma justificada, al tiempo de mencionar el delito de robo calificado, “el cual está tipificado como grave y a los presuntos responsables de su comisión como de peligrosidad”.

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Añadió que bajo ninguna circunstancia la prisión preventiva oficiosa puede considerarse como una medida violatoria a los derechos humanos de las PPL's.

Reiteró que no se trata de una medida arbitraria ni tampoco ilegal pues está prevista en la Ley, “su uso además está apegado a cada uno de los supuestos en los que se determina es necesaria como medida cautelar, ante la peligrosidad de los presuntos responsables de delitos”.

Finalmente, Ruiz Conteras refirió que el censo sobre centros penitenciarios, elaborado en manera reciente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejó que nuestro estado se encuentra dentro de las cuatro entidades del país con mayor uso de esa figura penal.