Aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, tal como la propuso el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, provocará daños severos a la economía de los mexicanos, pues de entrada se tendría una alza de un 17 por ciento en las tarifas de energía, y el costo tendría ser pagado por los mismos usuarios o mediante subsidios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que al final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman este costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos.
Señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien indicó que desde el Sindicato Patronal se oponen a esta iniciativa, que ya está en análisis en el Congreso de la Unión, pues en la ley “se debe buscar privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se convertiría en un monopolio”.
Ante ello, dijo, la Coparmex ha enviado un comunicado a los 14 diputados federales por San Luis Potosí, en el que se expresa un análisis preciso de las consecuencias que podría traer dicha reforma, a la economía de los 2.8 millones de potosinos que habitamos nuestro estado, así como el daño irreversible que podría provocar a la planta productiva de todo el país.
Asimismo, dentro de estos documentos han solicitado a los diputados federales votar en contra de esta iniciativa, para dar pie a un espacio de análisis y reflexión más profunda sobre el tema, que permita a los legisladores estar a la altura de los desafíos que enfrenta el país, y de las soluciones que se requieren en beneficio exclusivo de los mexicanos y no de cualquier otro interés.
“Esto no sólo afecta a la industria, sino también a los usuarios y a las familias que hoy enfrentan una enfermedad cuya salud depende equipos eléctricos, así como a pequeños y medianos empresarios que apenas están en proceso de reactivación en sus labores comerciales, industriales, de manufactura y de servicio”, expresó.
Por otro lado, el empresario lamentó que desde diciembre de 2018 a la fecha no se ha desarrollado ni una inversión privada en materia de energía, porque no hay las condiciones para llevarlas a cabo, debido a la incertidumbre jurídica que ha generado el Gobierno Federal. Además, en estos dos años, se han perdido alrededor de 15 mil millones de dólares, en la cancelación de proyectos en diversos estados, incluido San Luis Potosí, donde se canceló una planta de ciclo combinado en el municipio de Villa de Reyes.
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