La Reforma Electoral en San Luis Potosí no será legítima porque no participan los pueblos originarios al negarles el derecho a la consulta por motivos del COVID-19, no es una justificación válida porque la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado a respetar, proteger y, garantizar los derechos humanos de todos sin pretexto y sin distingo.
Así lo expresó la activista y maestra en Salud Pública, Marcela García, también directora de Nueva Luna AC., quien su lucha por los Derechos Humanos también ha estado encaminada al trabajo con diversas comunidades indígenas de San Luis Potosí, para impulsar su participación en la toma de decisiones públicas en el Estado.
Todo esto en respuesta al aplazamiento de la aprobación de Reformas a la Ley Electoral del Estado en la reunión virtual de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde se anunció con ello la determinación de dejar a un lado la Consulta Indígena debido a la problemática de la crisis sanitaria que aqueja a la entidad.
Marcela García, refirió que esta decisión es una una gran violación a los derechos humanos de los pueblos.originarios, “es una muestra clara de la discriminación hacia estos grupos de la población, una repetición del acto colonizador del mestizo y del europeo que se impone, sin escucharles por considerarlos carentes de pensamiento inferior.
De igual forma agregó que, consideran que sí es posible realizar la consulta porque la Ley establece distintos mecanismos que no implican necesariamente reuniones masivas, tal es, por ejemplo, la encuesta o bien innovar a través de los webinar.
“Si hay manera de organizarlos en una gran parte de las regiones donde viven las etnias. No obstante que la Ley está repleta de vacíos legales sobre género e interculturalidad la consulta es posible y debe involucrarse a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a representantes hombres y mujeres de los pueblos originarios, aplicando las medidas necesarias para reducir los riesgos como en todo”.
Por último hizo hincapié en la existencia de algunos legisladores que no están comprometidos con los derechos humanos y que eso, es un verdadero problema que genera desigualdad en esta toma de decisiones.