La presidenta del DIF municipal de San Luis Potosí Nancy Puente Orozco y la directora Adriana Urbina Aguilar, otorgaron el nombramiento al Procurador Municipal de Atención al Adulto Mayor a Felipe de Jesús Rivera Martínez,
Estará al frente del organismo que brindará protección y atención a ese sector de la población, en vinculación con la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del Estado.
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La Directora del SMDIF Adriana Urbina, expuso que la Procuraduría queda integrada a la coordinación de Apoyo a la Comunidad, como se señala en la Gaceta Municipal publicada el mes de septiembre.
Precisó la funcionaria que el servicio tiene un enfoque transversal y de derechos humanos “para brindar atención integral a las personas adultas mayores en materia de salud, psicológica, de trabajo social y acompañamiento jurídico”, dijo.
Adriana Urbina mencionó que la asesoría legal incluiría situaciones de abandono, maltrato o despojo de su patrimonio.
En un panorama general de la senectud en el Municipio, la presidenta Nancy Puente Orozco, refirió que a través de las jornadas de salud itinerantes que realiza el DIF capitalino, se han detectado casos que han requerido de atención prioritaria por el grado de desnutrición o cualquier otro signo de alarma que presentan algunos adultos mayores, “en otros casos hemos intervenido en la limpieza e higiene de sus hogares e incluso los hemos trasladado a hospitales”, expuso.
Mencionó además que los censos que realiza la dirección de Desarrollo Social con el programa “En Son de Paz”, serán útiles para que el DIF identifique problemáticas particulares que se presentan en las diferentes zonas de la ciudad.
“Hay algunas en las que los niveles de azúcar en las personas son más altos, otras en las que hay mayor presencia de hipertensión y eso será importante para estudiar las condiciones ambientales en las que habitan”, señaló Nancy Puente.
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Las atribuciones del nuevo Funcionario Municipal, tal como está publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, serán brindar servicios de atención, asistencia jurídica, psicológica y de orientación social en casos de discriminación, lesiones, violencia física o psíquica, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y en general, cualquier acto que los perjudique.
Desarrollar y ejecutar programas y acciones para su cuidado y atención, en concordancia con la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del Estado, para impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
Para reportar cualquier acto de violencia contra los adultos mayores, la ciudadanía podrá hacerlo vía telefónica, a través de las redes sociales o de manera presencial, para que el equipo multidisciplinario intervenga atendiendo la problemática de manera multicausal.
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