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Rechaza diputada Terán atentar con libertad de expresión

  • Raymundo Rocha
  • en Local

La diputada Rebeca Terán Guevara afirmó que la iniciativa que impulsa para reformar el Artículo Tercero de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, en ningún momento trata de coartar la libertad de expresión ni va en contra de los medios de comunicación porque es una iniciativa a favor de las mujeres.

“Es una iniciativa que busca inhibir conductas que resultan en violencia contra la mujeres, su finalidad es visibilizar conductas como amenazas, difamación, desprestigio, burlas, ofensas, insultos, descalificación y calumnias en contra de las mujeres en forma públicas o privadas”, explicó.

La diputada Rebeca Terán sostuvo que para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres forma parte de su agenda de trabajo y no es la primera iniciativa que presenta en este sentido.

Consideró necesario adoptar medidas legislativas e impulsar reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, ya existe el antecedente de iniciativas de este tipo en países de América Latina como Costa Rica y Ecuador.

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Recordó que el Senado de la República aprobó el pasado nueve de marzo una iniciativa que está en espera de aprobación en la Cámara de Diputados en la que se establece que la violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder u decisión, que fomenta la desigualdad y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres incluyendo en sus medios de expresión lo relacionado con amenazas verbales, difamación, calumnias en público o privado, insultos, palabras con doble sentido, sarcásticos y burlas.

Asimismo la diputada Rebeca Terán señaló que la iniciativa está de acuerdo en lo que establece el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en donde se señala que la violencia política puede ocurrir en cualquier ámbito tanto público como privado, puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, y puede ser perpetrada por cualquier persona o grupos de persona incluyendo: agentes de estado, colegas de trabajo, personas jerárquicas superiores o subordinados, partidos políticos o sus representantes y medios de comunicación.