Una de las intenciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) al pedir un aumento en su presupuesto para 2019, es mejorar el sueldo de sus asesores jurídicos, indicó Jorge Vega Arroyo, comisionado ejecutivo de la CEEAV.
El funcionario manifestó que “fundamentalmente nos preocupa la situación del fondo de ayuda inmediata”, en donde solicitó que en lugar de los 3 millones de pesos asignados en los últimos años, el monto para ejercer en 2019 sea de 8 millones de pesos.
Sin embargo mencionó que otro de los objetivos de la Comisión es fortalecer su base operativa, “crecer no tan solo en cantidad sino en calidad de los servicios que ofrece, porque ahora la parte de la representación jurídica de las personas que son agraviadas de un delito en el nuevo sistema son representadas por un asesor jurídico o un defensor público victimal”.
En ese sentido, indicó que “desde 2016 que entró en vigor el nuevo sistema han ido creciendo los servicios, hemos hecho la solicitud de crecer para tener presencia en todos los distritos, sobre todo en los más fuertes que son San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale y Tancanhuitz, que es donde existe mayor trabajo”.
Precisó que en lo que va del año, los asesores jurídicos de la CEEAV han participado en cerca de 4 mil audiencias, “entonces sí es una carga”, pues recordó que en el nuevo sistema se requiere una preparación más argumentativa para cada caso.
Vega Arroyo señaló que los asesores jurídicos de la CEEAV perciben 10 mil pesos mensuales como salario, y la intención es otorgarles un aumento de por lo menos 30% de lo que ganan, aunado a que se busca contratar a 10 asesores más.
Indicó que actualmente la Comisión cuenta con 45 asesores jurídicos, de los cuales 22 están concentrados en la Capital potosina y trabajan en dos turnos.
Finalmente, indicó que también se pretende contratar a cuatro psicólogos para dar atención en todo el estado, aunque reconoció que esta petición dependerá del presupuesto que apruebe a nivel nacional el Congreso de la Unión para San Luis Potosí, y después de lo que determine el Congreso del Estado.
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