Para San Luis Potosí la consulta para enjuiciar a los expresidentes tiene especial relevancia debido al capítulo de minera San Xavier, destacó Roxana Hernández, integrante de la Comisión Estatal para realizar el 'Juicio a Expresidentes'.
Luego del proceso electoral, se ha retomado a nivel nacional la promoción de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes en México, misma que se llevará a cabo el primero de agosto y en la cual se requieren 37 millones de votos para que se investigue a todos los actores políticos que en el pasado cometieron actos de impunidad y corrupción, y que sean enjuiciados y castigados por ello.
Al respecto, Roxana Hernández, integrante de la Comisión Estatal para promover la consulta popular, destacó que para San Luis esta consulta es de gran importancia debido a que "Ernesto Zedillo permitió el ingreso de minera San Xavier, generó las primeras autorizaciones de exploración en Cerro de San Pedro y obstruyó la declaratoria de monumentos históricos en el mismo municipio; posteriormente Vicente Fox obligó al ayuntamiento de Cerro de San Pedro a liberar autorizaciones municipales a la minera, ordenó a la Sedena permitir el uso de explosivos en el cerro, instruyó a tribunales federales para que favorecieron a la minera y apoyó la represión contra los opositores al proyecto.
En el caso de Felipe Calderón facilitó el funcionamiento de la minera y mantuvo el clima de represión contra los ambientalistas; y Enrique Peña Nieto apoyó a la minera para que terminara sus operaciones sin dificultad alguna y diluyó cualquier posibilidad de remediación, además de manipular los términos del cierre de operaciones a cambio de sumas millonarias".
Debido a ello convocó a los potosinos a participar en la consulta popular, no solamente con un voto a favor del juicio contra los expresidentes, sino también para participar como observadores y funcionarios de casilla.
Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de organizar la consulta, que incluye la instalación de 97 mil casillas en todo el país y la impresión de las boletas, además que deberá promover la participación ciudadana sin influir en las preferencias de la ciudadanía.