/ sábado 1 de junio de 2019

Pondrán candados a la entrega de recursos de programas sociales

Es importante parar la corrupción, acotar la permisividad a conductas que pueden facilitar prácticas indeseadas de malos manejos financieros, dijo el diputado Rubén Guajardo

La entrega de apoyos a los ciudadanos a través de programas del gobierno, debe tener candados para evitar que se pretenda sacar provecho electoral y se conviertan en “providencialistas”, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

Añadió que tras las reformas para crear el Sistema Anticorrupción, se considera importante seguir construyendo candados a la corrupción, acotar la permisividad a conductas que pueden facilitar prácticas indeseadas de malos manejos financieros y poner freno a que estos actos puedan seguirse cometiendo en el futuro, con independencia de seguir persiguiendo los que ya ocurrieron.

Consideró que al evitar que los recursos de los programas sociales se entreguen en efectivo, se establecerá un blindaje de la política social porque será más complejo condicionarlos a una eventual “coacción electoral” de los beneficiarios de los mismos.

Dijo que la transparencia en el manejo de recursos públicos se favorece si apostamos por realizar estas operaciones de transferencia de dinero público a través de mecanismos que siempre dejan una huella digital y que además propician un manejo más institucional y menos “providencialista” del erario.

Por ello, el legislador presentó una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que en los municipios con más de 100 mil habitantes, en ningún caso, la entrega de los recursos públicos de los programas sociales se realizará en efectivo, sino que los recursos financieros deberán entregarse a través de transferencia a tarjeta bancaria asignada ex profeso al beneficiario del programa, con la finalidad de blindar la política social en nuestra entidad, principalmente de corrupción.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que la medida de disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite, entre otras cosas, combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.

Ello además de dar mejores elementos para combatir el fraude fiscal e incluso conductas de acumulación tendientes al enriquecimiento ilícito e incluso que esos recursos puedan emplearse en procesos electorales para actividades ilegales como la compra de votos o la coacción política.

En los casos que se han documentado de casos de corrupción la constante es que, en muchos de ellos, el modus operandi, se lleva a cabo con dinero en efectivo, dado que las operaciones digitales dejan una huella fácilmente rastreable.

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La entrega de apoyos a los ciudadanos a través de programas del gobierno, debe tener candados para evitar que se pretenda sacar provecho electoral y se conviertan en “providencialistas”, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

Añadió que tras las reformas para crear el Sistema Anticorrupción, se considera importante seguir construyendo candados a la corrupción, acotar la permisividad a conductas que pueden facilitar prácticas indeseadas de malos manejos financieros y poner freno a que estos actos puedan seguirse cometiendo en el futuro, con independencia de seguir persiguiendo los que ya ocurrieron.

Consideró que al evitar que los recursos de los programas sociales se entreguen en efectivo, se establecerá un blindaje de la política social porque será más complejo condicionarlos a una eventual “coacción electoral” de los beneficiarios de los mismos.

Dijo que la transparencia en el manejo de recursos públicos se favorece si apostamos por realizar estas operaciones de transferencia de dinero público a través de mecanismos que siempre dejan una huella digital y que además propician un manejo más institucional y menos “providencialista” del erario.

Por ello, el legislador presentó una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que en los municipios con más de 100 mil habitantes, en ningún caso, la entrega de los recursos públicos de los programas sociales se realizará en efectivo, sino que los recursos financieros deberán entregarse a través de transferencia a tarjeta bancaria asignada ex profeso al beneficiario del programa, con la finalidad de blindar la política social en nuestra entidad, principalmente de corrupción.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que la medida de disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite, entre otras cosas, combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.

Ello además de dar mejores elementos para combatir el fraude fiscal e incluso conductas de acumulación tendientes al enriquecimiento ilícito e incluso que esos recursos puedan emplearse en procesos electorales para actividades ilegales como la compra de votos o la coacción política.

En los casos que se han documentado de casos de corrupción la constante es que, en muchos de ellos, el modus operandi, se lleva a cabo con dinero en efectivo, dado que las operaciones digitales dejan una huella fácilmente rastreable.

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