Autoridades estatales deberán analizar casos de reclusos para una posible preliberación ante la pandemia, informó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Renace San Luis.
El abogado recordó que en abril de este año, la asociación promovió un amparo para lograr la preliberación de internos de baja peligrosidad en el estado y que no hayan cometido delitos graves, como adultos mayores o internos con alguna enfermedad crónica degenerativa o discapacidad.
Explicó que con ello, se busca contener y evitar un alza en contagios al interior de las prisiones del estado, destacó que con las preliberaciones no solo se protegen los derechos humanos de los internos sino también de todas las personas que tienen un contacto directo o indirecto con ellos: custodios, familiares, personal administrativo, colaboradores del sistema penitenciario, entre otros.
Además destacó que “al interior de los penales hay déficit de médicos, imposibilidad para el aislamiento, sobrepoblación, falta de medicamentos y pruebas, prácticamente no existe la garantía del acceso a la salud”.
Fue así que finalmente el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y ordenó a las autoridades analizar los casos de las personas privadas de su libertad en el penal de La Pila, para que puedan ser preliberadas quienes sean de baja peligrosidad y no hayan cometido delitos graves. Las autoridades tendrán 24 horas para dar cumplimiento a lo establecido en la suspensión y rendir su informe, de lo contrario serán acreedoras a una multa.
De acuerdo al reporte de la semana pasada, 13 internos se han contagiado de Covid-19 en los centros de reclusión del estado, y dos han fallecido.
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