/ jueves 3 de octubre de 2024

Plantean implicaciones legales y económicas de la reforma judicial en SLP

El magistrado en retiro Salvador Ávila mencionó que "el fin último de la reforma es tener jueces a modo, tener juzgadores carentes de independencia"

Juzgadores carentes de independencia, desconfianza en el sistema judicial mexicano y pérdida de inversiones, están entre las implicaciones de la reforma judicial, plantearon expertos ante asociados de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

Este jueves se llevó a cabo el foro “Reforma Judicial ¿Y ahora qué sigue? Perspectivas económicas y legales de la nueva realidad”, en el cual, el magistrado en retiro Salvador Ávila Lamas, también ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), acusó que el fin último de la forma judicial es tener “jueces a modo, tener juzgadores carentes de independencia y si alguno se atreviera a opinar en contra del Ejecutivo y Legislativo se crea un Tribunal de Disciplina Judicial y las sanciones no admiten ningún recurso”.

Además, ya no se podrá recurrir al amparo, por lo que se tendrá que internacionalizar la justicia, “hoy los litigios se van a tener que llevar a tribunales internacionales por la falta de confianza y credibilidad en el Estado de Derecho mexicano”, mencionó que además, no hay cultura jurídica entre la ciudadanía para elegir un juez, ya que éstos no solamente deben saber de Derecho, sino de estudios psicológicos y hasta psiquiátricos entre otros; a lo que sumó el riesgo de que la delincuencia se inmiscuya en la elección de jueces, magistrados y ministros, puesto que en la reforma se prohíbe el uso de recursos públicos para que los candidatos a estos cargos hagan campaña.

Lamentó que en lugar de propiciar la autonomía financiera de los tribunales, la reforma prohíbe la creación de fideicomisos o fondos en el Poder Judicial a nivel federal y estatal, que es con lo que se cubrían necesidades de capacitación, creación de tribunales, etcétera, para el fortalecimiento del Poder Judicial.

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En su caso, el economista Javier Rueda Castrillón señaló que si bien se espera que en este nuevo sexenio el país crezca dado que hay condiciones para que mejore la economía estadounidense y a partir de ahí ir correlacionados con ellos, “las acreditadoras dicen que no vamos a parecer al ritmo que podemos o necesitamos” porque habrá obstáculos y deuda.

Manifestó que la autonomía del Banco de México se ha perdido con la llegada de morenistas a sus filas, lo cual genera problemas de confianza; recordó que en el sexenio anterior se hicieron pronósticos de crecimiento de 3.6%, incluso 4.2, pero al final fueron de 2.1 y terminó en 1.9%, y aunque en este cierre de año se prevé flujo económico, “en enero y febrero la cuesta será importantísima porque la inflación es de 4.6%”; además de que las tasas de interés siguen “exageradamente altas” y el gobierno se sigue endeudando.

Destacó que 50% del PIB se destina a programas sociales, “no hay país que lo sostenga”, y los magnos proyectos de la administración pasada son insostenibles, como el Tren Maya, Dos Bocas, y el aeropuerto Felipe Ángeles, dado que no son redituables y no generan evolución en el país. Todo ello derivará en disminución de la inversión extranjera directa, preocupación en los inversionistas sobre estabilidad y confianza, una afectación del crecimiento del PIB, impacto en la creación de empleo, también influirá en la negociación del TMEC, en la percepción de debilidad en el sistema judicial, y se traducirá en consecuencias para la población mexicana.

Explicó que tanto en Europa como en América Latina hay economías que han tomado medidas radicales buscando medidas extremas para problemas extremos; sin embargo, ocurre cuando se llega al hartazgo de la gente, lo cual aún está lejano en México dado que la población de más escasos recursos percibe que tiene más dinero al recibir programas sociales, sin percatarse de que si bien hay más dinero, alcanza para menos, pero mientras ello ocurre, se traduce en votos que llevaron al escenario político que hoy tiene el país.

Juzgadores carentes de independencia, desconfianza en el sistema judicial mexicano y pérdida de inversiones, están entre las implicaciones de la reforma judicial, plantearon expertos ante asociados de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

Este jueves se llevó a cabo el foro “Reforma Judicial ¿Y ahora qué sigue? Perspectivas económicas y legales de la nueva realidad”, en el cual, el magistrado en retiro Salvador Ávila Lamas, también ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), acusó que el fin último de la forma judicial es tener “jueces a modo, tener juzgadores carentes de independencia y si alguno se atreviera a opinar en contra del Ejecutivo y Legislativo se crea un Tribunal de Disciplina Judicial y las sanciones no admiten ningún recurso”.

Además, ya no se podrá recurrir al amparo, por lo que se tendrá que internacionalizar la justicia, “hoy los litigios se van a tener que llevar a tribunales internacionales por la falta de confianza y credibilidad en el Estado de Derecho mexicano”, mencionó que además, no hay cultura jurídica entre la ciudadanía para elegir un juez, ya que éstos no solamente deben saber de Derecho, sino de estudios psicológicos y hasta psiquiátricos entre otros; a lo que sumó el riesgo de que la delincuencia se inmiscuya en la elección de jueces, magistrados y ministros, puesto que en la reforma se prohíbe el uso de recursos públicos para que los candidatos a estos cargos hagan campaña.

Lamentó que en lugar de propiciar la autonomía financiera de los tribunales, la reforma prohíbe la creación de fideicomisos o fondos en el Poder Judicial a nivel federal y estatal, que es con lo que se cubrían necesidades de capacitación, creación de tribunales, etcétera, para el fortalecimiento del Poder Judicial.

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En su caso, el economista Javier Rueda Castrillón señaló que si bien se espera que en este nuevo sexenio el país crezca dado que hay condiciones para que mejore la economía estadounidense y a partir de ahí ir correlacionados con ellos, “las acreditadoras dicen que no vamos a parecer al ritmo que podemos o necesitamos” porque habrá obstáculos y deuda.

Manifestó que la autonomía del Banco de México se ha perdido con la llegada de morenistas a sus filas, lo cual genera problemas de confianza; recordó que en el sexenio anterior se hicieron pronósticos de crecimiento de 3.6%, incluso 4.2, pero al final fueron de 2.1 y terminó en 1.9%, y aunque en este cierre de año se prevé flujo económico, “en enero y febrero la cuesta será importantísima porque la inflación es de 4.6%”; además de que las tasas de interés siguen “exageradamente altas” y el gobierno se sigue endeudando.

Destacó que 50% del PIB se destina a programas sociales, “no hay país que lo sostenga”, y los magnos proyectos de la administración pasada son insostenibles, como el Tren Maya, Dos Bocas, y el aeropuerto Felipe Ángeles, dado que no son redituables y no generan evolución en el país. Todo ello derivará en disminución de la inversión extranjera directa, preocupación en los inversionistas sobre estabilidad y confianza, una afectación del crecimiento del PIB, impacto en la creación de empleo, también influirá en la negociación del TMEC, en la percepción de debilidad en el sistema judicial, y se traducirá en consecuencias para la población mexicana.

Explicó que tanto en Europa como en América Latina hay economías que han tomado medidas radicales buscando medidas extremas para problemas extremos; sin embargo, ocurre cuando se llega al hartazgo de la gente, lo cual aún está lejano en México dado que la población de más escasos recursos percibe que tiene más dinero al recibir programas sociales, sin percatarse de que si bien hay más dinero, alcanza para menos, pero mientras ello ocurre, se traduce en votos que llevaron al escenario político que hoy tiene el país.

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