“Si para el alcalde Adrián Esper Cárdenas, es más importante resolver sus negocios que destinar recursos en favor de la gente, es terrible lo que le espera al pueblo de Ciudad Valles, es indignante, la formulación de un contrato leonino con intereses exorbitantes, cuya única intención es beneficiarse de las arcas públicas”.
Así lo señaló la Secretaria de Operación Política del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) Martha Orta Rodríguez, quien consideró oportunista el cobro de recursos por el alcalde vállense, “en momentos en que la ciudadanía más necesita de una autoridad más cercana a ellos, con programas de apoyo social, incentivos de fortalecimiento económico, y políticas públicas que ayuden a la ciudadanía a salir adelante del gran reto sanitario que tenemos enfrente”.
Lo anterior, luego de que salieran a la luz pruebas contundentes sobre la liberación de cheques y transferencias monetarias de las arcas del ayuntamiento aparentemente en su favor y de un hermano suyo, amparados en un contrato de compraventa de un terreno hecho en el año 2011, durante la administración de Socorro Herrera.
Por lo anterior, durante los últimos 18 meses de la administración independiente, el alcalde ha destinado 17.1 millones de pesos para “autopagarse” con intereses moratorios la compraventa del terreno.
Luis Ángel Contreras Malibrán, especialista en temas de derecho Constitucional y ex Presidente del CDM del PAN, consideró necesaria una investigación a fondo sobre el tema, dijo que si el alcalde pretende escudar el pago de ese dinero con un contrato realizado en 2011, “habría que ver cómo es que está pagando el predio, si este se encuentra libre o invadido, y si así fuese entonces cuando se tomará posesión del mismo por parte del municipio, además que es inmoral de parte del presidente que destine tanto dinero en pagar esa deuda, cuando las necesidades en la ciudad son enormes, y como es posible que en estos tiempos de pandemia el dinero público se use para pagos que no tienen un sustento práctico.
Finalmente tanto Orta Rodríguez como Contreras Malibrán exigieron una investigación a fondo de estos hechos, “que se deslinden responsabilidades ante la posible configuración de nepotismo y mal ejercicio del servicio púbico, que en caso de comprobarse se sancione de manera ejemplar”.
