/ domingo 23 de junio de 2019

Pese a dos años con alerta, siguen asesinando mujeres

Asociaciones señalan fallas; prevalece la impunidad y no hay reparación del daño

Múltiples fallas en la implementación de las medidas que enmarca la Alerta de Violencia de Género, han evitado que este mecanismo incida en la disminución de feminicidios en San Luis Potosí, señalan asociaciones civiles mediante un posicionamiento público.

En el documento firmado por 28 asociaciones, algunas de ellas foráneas, se menciona una “notable” ausencia de capacidades de coordinación desde el seguimiento que da la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), hasta la falta de acuerdos entre autoridades estatales y municipales, lo que dicen, ha evitado que la alerta declarada hace ya dos años, no haya logrado incidir en una disminución de feminicidios en la entidad.

Critican que las dependencias encargadas de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres no han sido fortalecidas en infraestructura y personal, como ejemplo señalan que “hasta el momento la Fiscalía de Atención a la Mujer, carece de un espacio digno y personal suficiente para ofrecer sus servicios de atención que permitan garantizar una correcta investigación”.

Otro caso es el del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), donde indican, “las instancias -que de acuerdo a su modelo- debiesen de funcionar y tener presencia en dicho espacio, están ausentes; en ese mismo sentido, el CJM no ha operado de forma permanente como la estancia transitoria que permite sustraer del riesgo a muchas mujeres víctimas, pues carece de personal y sistemas que evalúen el riesgo de las víctimas redirigiendo dicha tarea al único refugio en el Estado”.

En materia de justicia, enuncian que mientras en 2015 ocurrieron 35 muertes violentas de mujeres, en 2017 la cifra se elevó a 74; de estas últimas, no todas han sido investigadas como feminicidios, y sólo cinco alcanzaron una sentencia, por lo que piden al Poder Judicial del estado adoptar de forma real los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género.

Finalmente, denuncian que en estos dos años, las familias y víctimas indirectas de los feminicidios han sido dejadas en el olvido institucional, por lo que también solicitan la reparación del daño para ellas.

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Múltiples fallas en la implementación de las medidas que enmarca la Alerta de Violencia de Género, han evitado que este mecanismo incida en la disminución de feminicidios en San Luis Potosí, señalan asociaciones civiles mediante un posicionamiento público.

En el documento firmado por 28 asociaciones, algunas de ellas foráneas, se menciona una “notable” ausencia de capacidades de coordinación desde el seguimiento que da la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), hasta la falta de acuerdos entre autoridades estatales y municipales, lo que dicen, ha evitado que la alerta declarada hace ya dos años, no haya logrado incidir en una disminución de feminicidios en la entidad.

Critican que las dependencias encargadas de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres no han sido fortalecidas en infraestructura y personal, como ejemplo señalan que “hasta el momento la Fiscalía de Atención a la Mujer, carece de un espacio digno y personal suficiente para ofrecer sus servicios de atención que permitan garantizar una correcta investigación”.

Otro caso es el del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), donde indican, “las instancias -que de acuerdo a su modelo- debiesen de funcionar y tener presencia en dicho espacio, están ausentes; en ese mismo sentido, el CJM no ha operado de forma permanente como la estancia transitoria que permite sustraer del riesgo a muchas mujeres víctimas, pues carece de personal y sistemas que evalúen el riesgo de las víctimas redirigiendo dicha tarea al único refugio en el Estado”.

En materia de justicia, enuncian que mientras en 2015 ocurrieron 35 muertes violentas de mujeres, en 2017 la cifra se elevó a 74; de estas últimas, no todas han sido investigadas como feminicidios, y sólo cinco alcanzaron una sentencia, por lo que piden al Poder Judicial del estado adoptar de forma real los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género.

Finalmente, denuncian que en estos dos años, las familias y víctimas indirectas de los feminicidios han sido dejadas en el olvido institucional, por lo que también solicitan la reparación del daño para ellas.

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