Perteneces AC expone los riesgos de la recién aprobada reforma judicial

Desde la organización no gubernamental Perteneces que preside José Mario de la Garza, se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, la cual aseguran representa una amenaza directa a la independencia judicial, esencial para la protección de los derechos humanos y el equilibrio democrático en México.

Para ellos, la propuesta de elegir jueces y magistrados mediante voto popular pone en grave riesgo la imparcialidad de quienes imparten justicia, abriendo la puerta a la politización y al control por parte del Ejecutivo y Legislativo.

“La independencia judicial no es un privilegio, sino un derecho fundamental para garantizar que cualquier persona que enfrente un proceso judicial tenga la certeza de que su caso será resuelto con base en la ley y no bajo presiones políticas o económicas. Esta reforma no solo pone en peligro herramientas fundamentales como el amparo y el litigio estratégico, sino que también debilita la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso real frente a posibles abusos de poder. En un contexto donde la corrupción y la influencia de grupos de poder pueden comprometer la justicia, la elección popular de jueces podría agravar estos problemas en lugar de resolverlos”.

Reconocen también la labor fundamental de jueces que, desde sus trincheras hacen cumplir medidas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Estos funcionarios judiciales realizan esfuerzos concretos para garantizar que los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se traduzcan en acciones efectivas.

De poco sirven los derechos sin la posibilidad de acceder a ellos de una manera pronta y eficaz, como lo hemos constatado en Perteneces, donde más de 500 personas han logrado la garantía de sus derechos a través del juicio de amparo. Es esta labor cotidiana de impartición de justicia la que realmente protege y da vida a los derechos humanos en México.

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“Como una organización que trabaja en el área penal con personas privadas de su libertad, consideramos que las sanciones propuestas en la iniciativa de reforma al Poder Judicial representan un grave riesgo para la impartición de justicia en México. La posibilidad de castigar a juezas y jueces por decisiones que, aunque apegadas a la ley, puedan no coincidir con intereses políticos o populares, vulnera el principio de independencia judicial y el derecho humano a un juicio imparcial. Esto no solo contraviene los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también pone en peligro el derecho a la presunción de inocencia. Imponer sanciones bajo criterios ambiguos y amplios, como "intereses contrarios a la ley o al interés público", puede fomentar un clima de presión indebida sobre las personas juzgadoras, incentivando resoluciones basadas en conveniencia política y no en la justicia”.

Detallan que se corre el riesgo de que las personas privadas de su libertad no reciban un trato justo, y se les niegue la posibilidad de un juicio basado en pruebas y derechos fundamentales. “Resulta sumamente preocupante el alcance que podría tener el Tribunal de Disciplina Judicial al interpretar conceptos como actos contrarios al interés público o a la ley. La ambigüedad de estos términos podría llevar a que decisiones judiciales legítimas, como la emisión de un amparo que no favorezca a los otros Poderes de la Unión, sean vistas como contrarias a dichos intereses”.

La referencia al “encubrimiento de posibles delincuentes” abre la puerta a una interpretación peligrosa: la liberación de una persona procesada, en ejercicio del derecho a la presunción de inocencia y basada en criterios legales sólidos, podría ser erróneamente catalogada como encubrimiento. Esta situación no solo amenaza la autonomía judicial, sino que además distorsiona los principios fundamentales del debido proceso y de justicia imparcial, poniendo en riesgo la integridad del sistema judicial mexicano.

Se finalizó indicando que la justicia independiente es la garantía de que nuestros derechos serán protegidos. “Por ello, hacemos un llamado a las y los legisladores para que actúen con responsabilidad y aseguren que cualquier reforma al Poder Judicial fortalezca la democracia y la protección de los derechos humanos en nuestro país”.