El Congreso del Estado a través de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Puntos Constitucionales, Seguridad, Prevención y Reinserción Social, Desarrollo Territorial Sustentable y el Comité para la Competitividad y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo el Foro de Consulta para fortalecer la iniciativa de Ley de Movilidad en el marco del Día Mundial del Peatón.
La presidenta de la Directiva diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que San Luis Potosí, es un estado en el que el crecimiento no se detiene y la movilidad juega un papel fundamental tanto para sus habitantes, como para su desarrollo, por lo cual la Ley de Movilidad de San Luis Potosí contribuirá con el marco jurídico en beneficio de todos los sectores sociales, ya sea económico, laboral, social pero principalmente de la comunidad potosina.
El diputado René Oyarvide Ibarra dijo que “San Luis Potosí tiene derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial para todas y para todos los potosinos. El Estado debe garantizar que la gente pueda salir a ejercer sus derechos a la educación, al trabajo, al esparcimiento, siempre protegiendo al peatón que debe estar en el primer nivel de la jerarquía de la movilidad, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, de personas con discapacidad y movilidad limitada.
La senadora Patricia Mercado, quien fue parte fundamental en la elaboración de la ley en la materia desde la Cámara Alta, hizo un recuento del trabajo de tres años que llevó al Senado de la República a emitir la nueva Ley General de Movilidad, pero recordó que los Congresos locales tienen la oportunidad de avanzar en algunos temas en los que no se logró el acuerdo en el Congreso de la Unión, por ejemplo, establecer el seguro obligatorio de responsabilidad civil, por daños a terceros y el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial Estatal con carácter de obligatorio, pues en la Ley General es optativo.
El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales tienen la oportunidad de afianzar capacidades de gobernanza sobre el transporte de las personas, de establecer reglas claras de coordinación para garantizar su derecho a trasladarse y a disponer de un sistema integral y articulado de movilidad. Los gobiernos del estado de San Luis Potosí, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y las de transportistas, tienen la oportunidad de transformar el uso de calles y carreteras en beneficio de las personas, con clara prioridad en el trasporte público y en la movilidad activa; la que no contamina.
El subsecretario de Enlace Interinstitucional del gobierno del estado Juan Pablo Escobar, expuso que el estado de San Luis Potosí́, cuenta con una población total de 2 millones 822 mil 255 habitantes, tiene una concentración del 67.2% de población urbana en 64 localidades, y el 32.8% restante de población rural, se distribuye en 6 mil 490 localidades, destacándose la Zona Metropolitana de San Luis Potosí́, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Zaragoza y Villa de Reyes, con una población urbana equivalente al 41.8% del total de la población estatal.
“Este gobierno es consciente de que la planeación de un desarrollo urbano sostenible requiere considerar la utilización del espacio ordenadamente, integrando la participación de los tres órdenes de gobierno y sociedad, para atender debidamente las demandas que plantean los asentamientos humanos urbanos en cuanto a infraestructura y servicios, con respeto al Medio Ambiente y con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la prosperidad y la equidad social”.
En el evento realizado en el Laberinto de las Ciencias, acudieron la senadora Dora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, el maestro Juan Pablo Escobar Martínez, subsecretario de Enlace Interinstitucional de Gobierno del Estado, diputados locales, federales, presidentes municipales, representantes de organizaciones sociales, de asociaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones de ingenieros, en un ejercicio de abrir el espacio para recabar las propuestas, sugerencias y opiniones de la ciudadanía, propiciando un invaluable aporte de quienes son las y los actores principales y además receptores de las políticas públicas y legislativas generadas por una consulta.
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