El derecho a la salud está protegido por el artículo cuarto constitucional y es un derecho humano universal. Por lo tanto, el Estado, está obligado a proteger este derecho, iniciando con un ambiente ecológico, donde el aprovechamiento de los recursos naturales no genere daños a la salud.
Los humanos nos organizamos en grupos sociales en donde cada individuo realiza una función que beneficie a la sociedad.
Culturalmente el cuidar a los enfermos hasta que sanen, sólo es realizado por la especie humana. Esto ha traído aparejado, que existan normas morales, que después se han vuelto normas jurídicas, que rigen el actuar de quienes se dedican a tu atención cuando estas enfermo.
Se habla de la ética del médico (nunca he escuchado una ética del zapatero remendón) que inició con el precepto del Juramento Hipocrático, actualizado a nuestros tiempos en el 2017, por la Asociación Médica Mundial mediante la Declaración de Ginebra, y cuyos puntos pueden hacerse extensivos a todo el personal de salud. Se establece la promesa de dedicar la vida al servicio de la humanidad y velar por la salud y el bienestar de los pacientes con el máximo respeto por la vida humana, así como ejercer la profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica.
Las recientes declaraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud del 2018, me hicieron recordar el experimento Calhoun, recordar las escenas de películas donde el verdugo lleva una capucha negra y pide perdón al condenado antes de cortarle la cabeza y hasta recibe unas monedas por parte del sentenciado; y reflexionar sobre la conciencia que sobre su propia salud tenga toda la sociedad en México y aquí incluyo la salud física, mental y social.
Situación actual: tus derechos, contra mis libertades, mis libertades contra tus derechos. Mis conocimientos médicos me llevan a proteger tu salud y tu vida; tu salud depende del actuar de todo el equipo de salud. Sucede que los hacedores de leyes, no solamente en México, también en otros países, no las conocen bien y entonces hacen una, pero contravienen otra y hacen que el Estado que oferta las leyes no tenga los recursos humanos para cumplirlas.
En México ninguna escuela de medicina enseña a matar. Y entonces tu salud está protegida por mi conciencia. Es decir, por la certeza de que estoy haciendo un acto con beneficencia y no maleficencia. La conciencia del equipo de salud está forjada por la religión, la moral y el derecho, aún en el estado laico.
Ante situaciones como el aborto o la eutanasia, la Ley General de Salud había incluido la objeción de conciencia, únicamente para el médico. Al avanzar las situaciones jurídicas, se intenta proteger otros derechos de las mujeres y ahora el Estado tiene que garantizar que exista personal médico no objetor de conciencia. No todos tenemos iguales principios morales, por lo que no es necesario que una ley obligue a que todos los miembros del personal de salud, por el hecho de estar contratados en un sistema estatal, tengan que faltar a sus principios y creencias. Se puede facilitar a quien así lo decida, aunque implique gastos para los servicios de salud, el traslado de quienes soliciten estas situaciones especiales de salud, al lugar adecuado en donde haya personal no objetor, tal vez se requiriera un traslado desde Yucatán hasta Baja California o se subroguen los servicios.
Ya preguntaron: ¿Cómo es visto por la sociedad el personal no objetor? ¿Requerirá apoyo psiquiátrico o psicológico para mantener su salud mental? ¿Cómo respondería yo a una exigencia jurídica? Tal vez mi respuesta sea esta: Su Señoría, la ley es el arma mortal, úsela usted o désela a otro, a mí no me convierta en asesino.
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