Para evitar la compra a empresas fantasmas, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado ha hecho cambios en los procesos, principalmente en el registro de proveedores para establecer un padrón único e incrementando los requisitos que pasaron de 13 a 19 el año pasado, como es el registro patronal, certificado digital vigente de firma electrónica, foto del domicilio fiscal y comercial, georeferenciacion y líneas de acción.
También se firmó un acuerdo para fortalecer los requisitos de proveedores y contratistas del Poder Ejecutivo, el cual se está actualizando, en el cual participa la Contraloría General del Estado y el Consejo Ciudadano de Transparencia para evitar contratos con empresas irregulares, señaló la titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Ada Amelia Andrade Contreras.
Al comparecer ante diputados por la Glosa del IV Informe, dijo que a la fecha no existen observaciones con motivo de procesos de adquisiciones de bienes por parte de los entes fiscalizadores.
La funcionaria respondió así al cuestionamiento de la diputada Beatriz Benavente, y añadió que la única situación que fue motivo de observación por la Auditoría Superior de la Federación, y que ya fue solventada en el mes de mayo, correspondió a la compra de armamento, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, por un monto de 1 millón 828 113.60 pesos.
Explicó que la observación se debió a que no se entregaron los bienes en el tiempo estipulado, ya que la compra se realiza con el Ejército y éste maneja sus plazos.
En relación al cumplimento del Registro Administrativo de la Propiedad Pública, de acuerdo a la Ley de Bienes del Estado, para el registro de la propiedad de bienes inmuebles, la funcionaria respondió al cuestionamiento de la diputada Martha Barajas y manifestó que al iniciar la administración se tenía registrado solamente el 3 por ciento, lo que equivalía a un total de 194 bienes inmuebles de 6 mil 982.
Añadió que actualmente existe un avance del 49 por ciento, con un total de 3 mil 411 bienes, y se sigue cumpliendo el objetivo, aunque el principal reto es que muchos de éstos fueron en una primera instancia donados, pero no se continuo con el registro y documentación necesaria por lo cual se sigue con el programa para cumplir con la totalidad de los mismos.
En relación a la contención de gasto en 129 millones de pesos que se informan, la funcionaria respondió al cuestionamiento del diputado Rubén Guajardo, que se debieron a arrendamientos y combustibles para vehículos utilitarios o administrativos y se enajenaron algunos para evitar el gasto de mantenimiento de los mismos.
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