La denuncia presentada por la obra de Fray Diego de la Magdalena permitirá determinar que la actual administración ha actuado con dolo al no darle el seguimiento debido al proceso legal y que ahora es la obligada a regresar el recurso, aseguró el dirigente estatal del PRD, Ignacio Segura Morquecho.
Agregó que es positivo que se resuelva este asunto ante la autoridad competente para que el alcalde Xavier Nava deje de culpar a la anterior gestión que no pudo ejecutarla por la oposición de vecinos que ganaron un amparo.
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Este tema ha servido durante varios meses como una cortina humo del alcalde Nava para ocultar su incapacidad para realizar obras, estrategia a la que se ha sumado el PAN para lucrar políticamente.
“El gobierno capitalino dejó crecer este problema con una actitud omisa, ya que no atendió con oportunidad el proceso en curso para entorpecer su resolución y justificarse ante la ciudadanía”.
Expuso que está muy claro los recursos asignados para la obra vial no se desviaron ni se han perdido, fueron entregados a la empresa constructora que no pudo ejecutar la obra por un juicio de amparo, por lo que se pretende engañar a los potosinos y al gobierno federal.
“Las autoridades municipales están obligadas a resolver este caso desde el ámbito legal con la constructora, pero lejos de conducirse con la verdad insisten en actuar en contra del interés público y prolongar una situación que perjudica a los potosinos”, precisó.
Hay que recordar que además de la oposición de un grupo de vecinos de El Saucito para que se realizara el paso a desnivel, el ahora titular de Obras Públicas, Marco Antonio Ávila Uribe, fue de los principales opositores al inconformarse en la Secretaría de la Función Pública.
Estos son los antecedentes que nos permiten hablar con claridad a la opinión pública las razones legales por las que no se realizó el paso a desnivel, cuya utilidad era manifiesta para agilizar el tráfico vial, indicó.
Lo que está haciendo el gobierno capitalino es utilizar el tema con fines mediáticos y justificarse por su falta de obras, “cuando debe buscar un acuerdo con la constructora para lograr la devolución de los recursos al gobierno federal, ambas partes están obligadas a sentarse a negociar lo que proceda conforme a derecho, hay dos opciones, que se rescinda el contrato o que la obra se realice finalmente”.
El dirigente estatal del PRD afirmó que la anterior administración actuó con legalidad y prudencia, acató el amparo de los vecinos que impidió la ejecución de la obra, sumado a que la CMIC recurrió a la SFP, con estas acciones fue imposible su realización, lo cual no significa que los recursos se hayan desviado, los tiene la constructora pero en una actitud dolosa las autoridades municipales evitan exigírselos”.
