Los acuerdos y negociaciones de Gobierno del Estado para resolver las demandas de un grupo de policías, ministeriales y estatales, inconformes, se detuvieron al concluir la pasada administración estatal.
De acuerdo a información proporcionada por el área de comunicación de la Fiscalía General del Estado, esta instancia no cuenta con los recursos necesarios para resolver la situación.
“Hasta ahora no hay información acerca de las negociaciones con gobierno, aunque desde la gestión del fiscal, Federico Garza Herrera, se determinó que la FGE no iba a dar ese recurso y las negociaciones serían a través de las Secretarías, General de Gobierno y Finanzas”.
Se recordó que la última llamada de representante de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos de San Luis Potosí, Adriana Moya Méndez, fue con el exgobernador, Juan Manuel Carreras, conversación que resultó controvertida ante la negativa de ella para arreglar la situación.
El punto más álgido del conflicto fue el pasado 24 de septiembre, a solo unos días de concluir la pasada administración estatal, cuando se llegó a un acuerdo con para un pago parcial del aumento de 5 por ciento, retroactivo al mes de mayo.
Con este acuerdo se desactivaron entonces los bloqueos de vialidades, en el entendido de que la prestación se tendría que gestionar con la administración entrante.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna negociación, ni con la Fiscalía General ni con Gobierno del Estado; incluso, como trascendido, se sabe que Moya Méndez alcanzó su jubilación.
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