Aunque San Luis Potosí se encuentra entre los estados que han incorporado a su esquema de trabajo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), menos del 7% de sus municipios cuentan con un plan o programa anticorrupción.
En mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y la LGSNA fijó como plazo el 18 de julio de 2016 para que los estados integraran sus sistemas locales anticorrupción y expidieran las reformas o armonizaciones necesarias a las leyes estatales, sin embargo al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo, mientras que 15 estados lo habían implementado parcialmente.
A pesar de la falta de implementación total del Sistema a nivel local, las entidades federativas han establecido planes o programas anticorrupción que incluyen medidas de control para mitigar el riesgo de corrupción en espacios donde hay interacción entre usuarios y servidores públicos, algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.
De acuerdo a información del INEGI, San Luis Potosí se ubica entre los estado que ya incluyen la LGSNA en sus planes de trabajo, aunque cabe recordar que no se ha nombrado al secretario del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debido a que incluso hay una disputa por la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, que es el encargado de postular a los candidatos para ocupar el cargo de secretario del Comité Coordinador.
También destaca que las administraciones públicas municipales han puesto en marcha planes y programas para disminuir o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 mil 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa anticorrupción.
En este tema, la entidad potosina presenta apenas un 6.9% de municipios que cuentan con programas para disminuir el riesgo de corrupción.
Asimismo, al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. Mientras San Luis Potosí presenta un 100% de sus municipios con Contraloría, el estado de Oaxaca presentó la menor proporción de municipios con oficinas de control interno, con un 9.5%.
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