/ viernes 6 de diciembre de 2019

Ministerial y estatal, las que más realizan detenciones arbitrarias

Entre 2015 y 2018 se denunciaron 350 detenciones arbitrarias en SLP

Entre 2017 y 2018 las detenciones arbitrarias fueron los hechos violatorios más denunciados de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos con un total de 695 a nivel nacional, y 350 en San Luis Potosí.

Este viernes el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, conformado por Educación y Ciudadanía A.C.; Renace; Acciona, Transformando caminos para ser y hacer; Asistencia legal; Colectivo Algaraza; Red Tira Paro; Gente Diversa; y el Centro de Investigaciones, Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, presentó el “Diagnóstico Nacional sobre detenciones arbitrarias: Espacio Público y Juventudes” realizado en San Luis Potosí, Morelos, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México.

Los activistas explicaron que no hay cifras certeras sobre detenciones arbitrarias, ya que éstas sólo se conocen cuando son denunciadas por las víctimas, y no todas lo hacen, además de que se realizan ante diversas instancias, como las comisiones de derechos humanos; destacaron que las detenciones arbitrarias derivan en violaciones graves a los derechos humanos como privación de la vida, desaparición forzada, tortura, trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad pública.

En el caso de San Luis Potosí, reportaron que entre 2015 y 2018 hubo 350 detenciones arbitrarias, 138 de ellas en 2015, 51 en 2016, 94 en 2017, y 67 en 2018; de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la policía ministerial y la estatal son las que cometen más detenciones arbitrarias, y hay más casos de mujeres detenidas arbitrariamente por policías varones.

Reconocieron que en este lapso ha crecido el número de víctimas del delito y esto llevó a que se incrementara el número de corporaciones de seguridad y la aplicación de operativos, lo cual favorece la práctica de detenciones arbitrarias, por lo que advirtieron que “ninguna estrategia de seguridad tendría que ser violatoria de los derechos humanos”.

En la población joven, la condición socioeconómica baja, los espacios públicos en la periferia, la actitud “sospechosa”, aunado al aspecto físico, favorecen las detenciones arbitrarias, que son aquellas que se realizan sin motivo alguno, sin flagrancia u orden de aprehensión; entre los operativos que afectan a las juventudes, se han aplicado algunos dirigidos a vigilar personas “pandilleriles”, “personas chacas”, jóvenes en motocicletas, además de otros afuera de antros o bares, en donde resulta común que haya detenciones.

Entre 2017 y 2018 las detenciones arbitrarias fueron los hechos violatorios más denunciados de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos con un total de 695 a nivel nacional, y 350 en San Luis Potosí.

Este viernes el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, conformado por Educación y Ciudadanía A.C.; Renace; Acciona, Transformando caminos para ser y hacer; Asistencia legal; Colectivo Algaraza; Red Tira Paro; Gente Diversa; y el Centro de Investigaciones, Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, presentó el “Diagnóstico Nacional sobre detenciones arbitrarias: Espacio Público y Juventudes” realizado en San Luis Potosí, Morelos, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México.

Los activistas explicaron que no hay cifras certeras sobre detenciones arbitrarias, ya que éstas sólo se conocen cuando son denunciadas por las víctimas, y no todas lo hacen, además de que se realizan ante diversas instancias, como las comisiones de derechos humanos; destacaron que las detenciones arbitrarias derivan en violaciones graves a los derechos humanos como privación de la vida, desaparición forzada, tortura, trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad pública.

En el caso de San Luis Potosí, reportaron que entre 2015 y 2018 hubo 350 detenciones arbitrarias, 138 de ellas en 2015, 51 en 2016, 94 en 2017, y 67 en 2018; de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la policía ministerial y la estatal son las que cometen más detenciones arbitrarias, y hay más casos de mujeres detenidas arbitrariamente por policías varones.

Reconocieron que en este lapso ha crecido el número de víctimas del delito y esto llevó a que se incrementara el número de corporaciones de seguridad y la aplicación de operativos, lo cual favorece la práctica de detenciones arbitrarias, por lo que advirtieron que “ninguna estrategia de seguridad tendría que ser violatoria de los derechos humanos”.

En la población joven, la condición socioeconómica baja, los espacios públicos en la periferia, la actitud “sospechosa”, aunado al aspecto físico, favorecen las detenciones arbitrarias, que son aquellas que se realizan sin motivo alguno, sin flagrancia u orden de aprehensión; entre los operativos que afectan a las juventudes, se han aplicado algunos dirigidos a vigilar personas “pandilleriles”, “personas chacas”, jóvenes en motocicletas, además de otros afuera de antros o bares, en donde resulta común que haya detenciones.

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