El fenómeno migratorio nacional e internacional debe ser atendido desde varias aristas para que se garantice el respeto a los derechos humanos, combatir el lucro de la delincuencia organizada y “uniformada” y velar por la salud de los hermanos migrantes en tiempos de pandemia por el COVID-19.
Así lo dijo el diputado José Ramón Torres García en la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, a la que asistieron el titular del Instituto de Migración Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura; Francisco Carrizales Reyna encargado del despacho del Instituto Nacional de Migración; Benjamín Sagahón Medina director de la oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Héctor Ramiro Sipac Cuin Cónsul de Guatemala; José Natividad Ortiz Cisneros Cónsul de Honduras; Benjamín Oswaldo Galán Rodríguez Cónsul de El Salvador y el padre Marco Antonio Luna, director de la Casa del Migrante y de Cáritas.
El legislador manifestó que entre las primeras medidas que se han tomado en la Comisión se encuentran el exhorto al gobierno federal, para que los migrantes, independientemente de su situación legal, tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19, además de una reforma constitucional para que se agregue que no haya discriminación contra migrantes y otra para que la Fiscalía General del Estado acepte e investigue denuncias de migrantes.
Expuso que su distrito que comprende los municipios de Cerritos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, San Nicolás Tolentino y Rioverde, es el mayor expulsor de migrantes a Estados Unidos, por lo que seguirá trabajando en las caravanas para protegerlos en su regreso a México de la delincuencia organizada y “uniformada”, como desde hace seis años; destacó que hay unos 700 mil potosinos en el vecino país del norte que generan 1,400 millones de dólares de remesas
Añadió que la actual crisis humanitaria ha exacerbado la vulnerabilidad de los migrantes que pasan por nuestro estado, por lo que “es nuestro compromiso asegurarnos de que las personas en situación migratoria, independientemente de su estado jurídico, sean incluidas en las políticas públicas, encontrando soluciones para los migrantes que se han quedado varados sin ingresos y sin medios para regresar a su lugar de origen”.
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