/ jueves 15 de noviembre de 2018

Los militares deben dejar de patrullar las calles: "El Mijis"

El diputado Pedro Carrizales Becerra, presenta iniciativa para abrogar la ley de seguridad interior

El diputado Pedro Carrizales Becerra informó que presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, misma que será integrada en los trabajos de la siguiente sesión ordinaria.

En su exposición de motivos, el legislador manifiesta el incremento en el número de homicidios desde el 2007 desencadenado por la política pública del entonces Ejecutivo Federal, la cual se sustentaba en la movilización coordinada con las policías estatales y municipales, de la policía federal y fuerzas armadas (Ejercito, Marina y Fuerza Aérea) para hacer frente a los grupos del crimen organizado que se dedicaban principalmente al tráfico de narcóticos, medida que al día de hoy tiene vigencia y cuyas consecuencias materiales han sido graves y trascendentes en los sentidos más amplios.

Explica que ante ello, las deficiencias en las policías preventivas de los estados sirvieron de argumento para formalizar la presencia de las fuerzas armadas por medio de la Ley de Seguridad Interior.

Agrega que de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) concentran el 27% de quejas por violaciones a Derechos Humanos a nivel nacional.

Indica que “desde una perspectiva competencial, la Constitución Federal ha delegado en las fuerzas policiales federales, estatales y municipales bajo sus parámetros e hipótesis, la labor de la Seguridad Pública de la Nación y el hecho de que actualmente el contexto de inseguridad les haya rebasado, no significa que lo procedente sea suplantarles con las fuerzas armadas, sino que el estado está obligado a reparar las deficiencias por medio de la inversión pública, capacitación y colaboración coordinada entre los tres órdenes de gobierno”.

Añadió que “desde aquí de San Luis Potosí vamos a impulsar esta iniciativa, y la vamos a promover a nivel federal porque es donde se debe rechazar esta ley; creo que las corporaciones de seguridad pública que debe hacerse cargo de la seguridad”, indicó.

El diputado Pedro Carrizales Becerra informó que presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, misma que será integrada en los trabajos de la siguiente sesión ordinaria.

En su exposición de motivos, el legislador manifiesta el incremento en el número de homicidios desde el 2007 desencadenado por la política pública del entonces Ejecutivo Federal, la cual se sustentaba en la movilización coordinada con las policías estatales y municipales, de la policía federal y fuerzas armadas (Ejercito, Marina y Fuerza Aérea) para hacer frente a los grupos del crimen organizado que se dedicaban principalmente al tráfico de narcóticos, medida que al día de hoy tiene vigencia y cuyas consecuencias materiales han sido graves y trascendentes en los sentidos más amplios.

Explica que ante ello, las deficiencias en las policías preventivas de los estados sirvieron de argumento para formalizar la presencia de las fuerzas armadas por medio de la Ley de Seguridad Interior.

Agrega que de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) concentran el 27% de quejas por violaciones a Derechos Humanos a nivel nacional.

Indica que “desde una perspectiva competencial, la Constitución Federal ha delegado en las fuerzas policiales federales, estatales y municipales bajo sus parámetros e hipótesis, la labor de la Seguridad Pública de la Nación y el hecho de que actualmente el contexto de inseguridad les haya rebasado, no significa que lo procedente sea suplantarles con las fuerzas armadas, sino que el estado está obligado a reparar las deficiencias por medio de la inversión pública, capacitación y colaboración coordinada entre los tres órdenes de gobierno”.

Añadió que “desde aquí de San Luis Potosí vamos a impulsar esta iniciativa, y la vamos a promover a nivel federal porque es donde se debe rechazar esta ley; creo que las corporaciones de seguridad pública que debe hacerse cargo de la seguridad”, indicó.

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