La creación del Centro de Conciliación Laboral y de los Tribunales de Justicia Laboral se aprobó en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que el dictamen sobre diversas leyes reformadas se pondrá a consideración del pleno en la próxima sesión extraordinaria, informó la diputada Paola Arreola Nieto.
El gobernador Juan Manuel Carreras y la presidenta del Poder Judicial Olga Regina García, presentaron las reformas que se aprobaron previamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que San Luis armonice su estructura legal con las reformas federales que desaparecen las Juntas de Conciliación.
Por unanimidad, aprobaron la iniciativa del gobernador que crea el Centro de Conciliación Laboral como consecuencia de las reformas a la Constitución General de la República en materia de justicia laboral. Se crea la armonización, cargos, el impacto presupuestal con 18 millones de pesos aportados por la Federación y 11 millones por el Estado y se tomaron en cuenta propuestas de los sectores productivos y abogados.
La diputada Isabel González Tovar hizo propuestas sobre la integración de la Junta e Gobierno que originalmente incluía al secretario de gobierno y a la oficial mayor, los cuales quedaron fuera. Estará integrada por el secretario del trabajo como director y como vocales representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, Finanzas, CEGAIP, CEEPAC y COESPO, organismos similares en funciones a entidades federales.
También se aprobaron sus propuestas sobre los bienes inembargables e inalienables y para que la facultad de contratar y remover al personal no sea exclusiva del director, como lo planteaba el dictamen sino de la Junta de Gobierno. Se aprobó la propuesta del diputado Mauricio Ramírez Konishi para la creación de un Consejo Consultivo, no vinculante, que de seguimiento al contexto laboral y conocer lo que está ocurriendo en ese ámbito, donde la Coparmex y CTM sean observadores.
Aprobaron además por mayoría el dictamen que plantea reformas a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como servidores públicos, sean sujetos de sanciones administrativas y sea la Contraloría de la Secretaría Ejecutiva la que las aplique; la iniciativa fue presentada por el diputado Martín Juárez Córdova.
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